Los sueldos de los cargos públicos
Como consecuencia de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, vuelve a surgir la polémica de las retribuciones de los altos cargos de la Administración. Y el primer punto de discusión aparece con la asignación presupuestaria a la retribución del presidente de Gobierno, que para el año 2006 será de 87.500 euros y que actúa como límite superior para el resto de cargos públicos. A partir de ahí empiezan a surgir voces que comparan esa retribución con la de los altos directivos de grandes empresas. Directivos que pueden llegar a alcanzar sueldos muy superiores. El argumento fundamental de dicha comparación es que la responsabilidad de un alto cargo de la Administración es tan alta o mayor que la de un alto ejecutivo de una gran empresa.
Sin embargo, la mera comparación económica de las retribuciones de los altos cargos públicos con los altos directivos de las empresas no tiene sentido, aun con responsabilidades comparables. Y no tiene sentido por la naturaleza de la responsabilidad asumida ni por la forma de acceso a la función. Mientras un alto directivo de una gran empresa es contratado por un consejo de administración para realizar una labor que generalmente produce un valor económico para el accionista (y dicho valor suele ser fácilmente medible), un político que asume un alto cargo en la Administración es una persona que se presenta ante la ciudadanía para desarrollar un programa político y que es elegido por el conjunto de los ciudadanos para ello, siendo mucho más difícil cuantificar el éxito en la aplicación de dicho programa, ya que, al estar afectando a los intereses de los ciudadanos, lo que para unos será un éxito, para otros será un fracaso.
Es decir, que mientras el primero, el directivo, realiza una labor que genera un valor y es recompensado en relación al valor que genera (que es básicamente económico) el político tiene un componente idealista y de transformación de la sociedad y es recompensado en la medida en que ve sus ideas puestas en la práctica. Y esa es una diferencia fundamental que impide la comparación directa de responsabilidades y retribuciones.
Otra cosa es que cada vez resulta más parecida la gestión de la Administración del Estado o de una comunidad autónoma con la gestión de una empresa. Al ser menor el espacio para programas políticos muy diferenciados, y en la medida en que cada vez más el ciudadano sea considerado como cliente de la Administración, y no un mero administrado, el perfil del gestor público será cada vez menos político y cada vez más parecido al perfil del gestor privado. En ese momento, no sería malo que el sector público comience a mirar al sector privado, que tiene configurado un mercado retributivo basado en la oferta y la demanda de directivos, para no quedar definitivamente descolgado.
Y es que, aunque el presidente del Gobierno tenga un sueldo casi cinco veces superior al salario medio español, puede tener un salario cinco veces inferior al de los altos ejecutivos de las grandes empresas. Solamente como comparación, el primer ministro británico Tony Blair tiene una asignación anual de 264.000 euros, mientras que el presidente de los Estados Unidos, George Bush, tiene un salario de más de 450.000 dólares anuales (algo más de 370.000 euros). Sin ser comparables a los salarios de los altos ejecutivos de las grandes empresas británicas o americanas, están más cerca de ellos que nuestros 87.500 euros asignados a José Luis Rodríguez Zapatero.
Lo mismo que decimos de los presidentes o primeros ministros es válido para el resto de altos cargos de la Administración, ministros, presidentes de comunidades autónomas, consejeros de dichas comunidades o diputados y senadores. Un diputado italiano gana casi cuatro veces más que un diputado español, por no comparar a nuestros eurodiputados en Bruselas con sus homólogos en la Carrera de San Jerónimo. El problema añadido es que, además, esas referencias de los altos cargos arrastran al resto de retribuciones de funcionarios públicos. Recientemente, el ministro de Defensa se refería al salario del militar responsable de nuestro portaaeronaves Príncipe de Asturias, señalando que dicho salario no resistía la mínima comparación por responsabilidad con el sector privado.
El sector público nunca podrá competir económicamente con el sector privado, porque, como he comentado anteriormente, uno recoge los frutos económicos de su gestión mientras que el otro recoge los frutos de ver plasmados sus ideales en la transformación de la sociedad. Sin embargo, en posiciones de alta cualificación profesional, como es el caso del mando del Príncipe de Asturias, una excesiva diferencia entre el sector público y el sector privado repercutirá a largo plazo en que lo mejor de la sociedad se decante a desarrollar su actividad en el sector privado, y los cargos públicos no estén ocupados por las personas mejor preparadas para ello, lo que también es aplicable a los altos cargos de la Administración, es decir, a nuestros políticos. Y, en los tiempos que se avecinan de incertidumbre y globalización, es algo que la sociedad no podrá permitirse.