Ortodoxia y ciclo económico
Las primeras cifras conocidas del proyecto de los Presupuestos para 2006 confirman y consolidan los compromisos contraídos por el Gobierno socialista en los últimos meses, muy en particular en dos grandes áreas como son la justicia social y el impulso a la competitividad de nuestra economía.
Todavía es pronto para realizar un análisis definitivo de estos Presupuestos Generales, que ayer iniciaron su tramitación parlamentaria con la presentación en el Congreso de los Diputados, pero ya parece vislumbrarse un nivel de aceptación satisfactorio con la excepción, como no podía ser menos, del Partido Popular.
En las declaraciones efectuadas hasta ahora desde la derecha, la crítica que más se consolida hace referencia al supuesto excesivo carácter expansivo de estos Presupuestos Generales del Estado. Esta crítica se basa en que mientras que el PIB nominal de la economía crece un 6,6% (dividido a partes iguales entre crecimiento real e inflación), el gasto público lo hace un 7,6%, y olvida (o cuestiona) que los ingresos públicos crezcan el proyectado 9%.
No voy a entrar en los detalles técnicos de la caracterización de un Presupuesto del Estado como expansivo, ni a recordar Presupuestos elaborados durante la anterior legislatura que aunaron mayor crecimiento nominal de la economía y mayor déficit público.
Sí quisiera, por el contrario, centrarme en dos aspectos que responden a esta crítica, uno a su acusación y otro a su planteamiento, siendo por tanto este último más profundo y relevante. Pero vayamos por partes.
En primer lugar, dado que un Presupuesto es expansivo si contribuye a acelerar la demanda interna, debemos ser conscientes de que una parte importante de los aumentos de gasto no son directamente demanda interna nueva.
Así por ejemplo, las nuevas e importantes aportaciones del Estado a la financiación de la sanidad o a la de los municipios están destinadas a mejorar las cuentas y reducir la deuda del resto del sector público, y no van asociadas a un mayor gasto real.
Un ejemplo distinto de efectos similares es el 37% de aumento de la ayuda al desarrollo. La consideración correcta, a efectos de la crítica citada, de estos elementos, aumenta el saldo fiscal en varias décimas de PIB, modificando sustancialmente su interpretación.
En cualquier caso, creo que esta discusión, en la actual coyuntura española, se tiene que complementar con el análisis de la situación que heredó el Gobierno de su predecesor. Una economía que basaba su crecimiento exclusivamente en el consumo y la inversión residencial, con el elevado riesgo que ello comporta y que se veía agravado por una alarmante pérdida de competitividad.
Las dos señales más evidentes de esta pérdida son el diferencial de inflación respecto a nuestros socios y el déficit exterior que acumulamos con ellos. Ambos indicadores se están viendo gravemente afectados por la elevación de los precios del petróleo.
Partiendo de esta situación, el Gobierno ha hecho una apuesta decidida por la inversión productiva, no sólo en infraestructuras (con un crecimiento importante), sino también en I+D (un incremento por encima del 25%) y educación.
Preocuparse en este contexto, solamente, por unas pocas décimas de saldo fiscal puede ser tan peligroso como intentar ganar un partido de tenis mirando al marcador en vez de a la pelota.
España necesita apostar con decisión por aquellos elementos que refuerzan la competitividad de nuestras empresas, como mecanismo para mejorar nuestros saldos exteriores y la calidad de nuestros empleos, y contribuir así a sostener un crecimiento que hemos heredado con unos cimientos poco sólidos.