Una propuesta insostenible
La alternativa presentada ayer por el Partido Popular para resolver el problema de la financiación sanitaria es insostenible. La sanidad es una competencia transferida a las comunidades autónomas y han de ser los Gobiernos regionales los que gestionen su presupuesto con la mayor eficiencia posible. Al respecto hay que decir que no son sólo las regiones gobernadas por los populares las que reclaman dinero del Presupuesto. Si la mejora de la prestación de estos servicios es una apuesta social y política, el Ejecutivo autonómico debe tener capacidad normativa suficiente para recaudar los fondos necesarios para financiarla. Pero de ninguna manera, el Estado debe asumir los déficit generados por una mala gestión o una ampliación de servicios médicos.
Regiones gobernadas por populares, pero también por socialistas, sostienen que no se hicieron bien las cuentas a la hora de ceder las competencias y que el coste es superior al estimado inicialmente. A ello se suman cambios demográficos que, sin lugar a dudas, afectan de lleno al presupuesto sanitario. Pero plantear que la solución es costear los déficit con cargo a los presupuestos generales del Estado es un desatino. ¿Costear cuánto y hasta cuándo? El PP reclama 1.800 millones adicionales y que esta cifra se consolide. ¿Hasta que vuelva a convertirse en insuficiente? ¿Cómo garantizar la eficiencia del sistema cuando una Administración paga y la otra gasta?
Hay regiones que estrenaron competencias aprobando generosos incrementos salariales y otras que han incorporado al servicio prestaciones únicas. Existe, pues, una creciente disparidad regional sin posibilidad de establecer un criterio válido de déficit.
El Ejecutivo debe garantizar que todos los ciudadanos tengan una cobertura sanitaria básica de calidad en cualquier comunidad. Y para ello debe dar a las regiones más poder sobre los impuestos, de manera que puedan financiar el servicio. Otro mecanismo sería ineficiente y suicida en términos presupuestarios.