El PP quiere que el Estado aporte 1.800 millones para sanidad
Los consejeros de Hacienda de la mayoría de las comunidades autónomas pidieron ayer al vicepresidente Pedro Solbes que mejore su propuesta inicial para financiar la sanidad a través de los Presupuestos Generales del Estado.
Esta es, de hecho, casi la única petición trasladada al Gobierno en el Consejo de Política Fiscal en la que coincidieron todas las comunidades, al margen del color de su gobierno. Hubo también otra demanda bastante extendida que descansa en la necesidad de que los recursos sanitarios que proceden del Estado evolucionen conforme al Producto Interior Bruto (PIB), una cláusula que vence este año y que todos los territorios quieren asegurar. El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ratificó la voluntad del Gobierno de mejorar la propuesta inicial trasladada a las comunidades autónomas.
En las intervenciones de los consejeros de Asturias, Aragón o Cataluña y en la de todas las que efectuaron los consejeros de Hacienda del PP, estuvieron presentes estas peticiones, aunque con cifras y condiciones muy variables que Economía intentará perfilar antes del sábado, día en el que está convocada la Conferencia de Presidentes.
El consejero de Economía de Cataluña, Antoni Castells, defendió la necesidad de que el Gobierno central ponga sobre la mesa, vía Presupuestos, 1.000 millones anuales para financiar la sanidad, frente a los 500 previstos. Las nueve comunidades gobernadas por el PP exigieron ayer un mínimo de 1.800 millones de euros adicionales cada año para este mismo fin, cifra que supera en 1.300 millones a la ofrecida inicialmente por el Gobierno. Además, mientras que Economía descarta que esta partida presupuestaria extraordinaria tenga carácter consolidable, el PP propone que sí lo sea, lo que evitaría a las comunidades tener que subir impuestos para afrontar una deuda que, en términos nacionales, supera los 7.000 millones de euros.
Economía se compromete a aumentar la partida de 1.000 millones
El posible acuerdo se perfilará antes de la Conferencia de Presidentes
Renuncia a subir impuestos
Los consejeros de hacienda del PP hicieron suya la negativa de la dirección de su partido a admitir un aumento de la presión fiscal para sufragar el desboque del gasto sanitario. Mariano Rajoy, convencido de que debe reforzar la imagen del PP como el único partido nacional que defienda la rebaja de impuestos, ha hecho participar de este criterio a las comunidades donde gobierna, según pusieron ayer de manifiesto la mayoría de sus consejeros de Hacienda. La renuncia a subir impuestos supone que el PP aspire a cargar todo el peso de la deuda sanitaria sobre los Presupuestos generales del Estado, lo que, a juicio del PSOE, supondría una gran injusticia pues igualaría el trato a las comunidades que han gestionado bien su sanidad y a las que no lo han hecho.
En el documento presentado ayer por las comunidades del PP se exige que los 1.800 millones adicionales se repartan cada año con los criterios establecidos en el modelo de financiación vigente desde 2001, teniendo en cuenta, sobre todo, el aumento de la población y también el hecho insular.
En el plazo más breve posible, el Gobierno debería establecer, a juicio de las comunidades que gestiona el PP, la cartera básica de servicios sanitarios, de acuerdo con lo previsto en la ley de Cohesión. En dicha cartera se incorporarán los servicios mínimos que deben prestarse por igual en todo el Estado.
Además, el PP emplaza al Gobierno a desarrollar en breve el Fondo de Cohesión sanitaria tanto en lo que afecta a su cobertura financiera como a sus normas de reparto y utilización. Por último, pide al Gobierno que se garantice en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla la prestación de los servicios sanitarios en condiciones de calidad.
Andalucía rechaza gravar la electricidad
La Junta de Andalucía presentó ayer una propuesta que sirve de relativo referente al resto de las comunidades gobernadas por el PSOE y que rechaza establecer un recargo sobre el impuesto que grava la electricidad. En opinión de su consejero de Economía, José Antonio Griñán, la formulación normativa de dicho impuesto debería ser competencia exclusiva del Estado.En cambio, el Gobierno andaluz acepta el aumento de los impuestos especiales sobre alcoholes, cerveza y tabaco y está de acuerdo con que se traslade capacidad normativa sobre dichas figuras a las comunidades.Esta comunidad se decanta también por aumentar la aportación presupuestaria que se ha comprometido a realizar el Gobierno, por encima de los 1.000 millones de euros inicialmente previstos para los ejercicios de 2006 y 2007. Además, la comunidad andaluza propone mantener la distribución del Fondo de Cohesión según la población protegida, actualizada de cada región. Junto a estas medidas, el consejero Griñán defiende una dotación presupuestaria exigente para costear los gastos que provocan los desplazados y los extranjeros, de forma que se afronte no sólo la atención especializada, sino también la primaria, la de farmacia y las urgencias.