La CE da por cerrada la primera fase de acción del buen gobierno
Dos han sido los objetivos básicos de la primera fase del plan de acción de la Comisión Europea para el buen gobierno: dotar a las empresas de mayor transparencia y reforzar los derechos de los accionistas. La segunda fase, cuyos objetivos se definirán el próximo otoño, se extenderá hasta 2008.
El pasado viernes, la Comisión puso punto y final a la segunda de las consultas realizadas sobre los derechos transfronterizos de los accionistas. Es uno de los asuntos que la CE ha tratado de resolver durante los dos años que ha durado esta primera fase.
Hace apenas unos días, el comisario europeo de mercado interior, Charlie McCreevy, aseguró que el ejercicio transfronterizo de los derechos de los accionistas sufre aún múltiples obstáculos. En una primera consulta abierta por la CE sobre este tema, la mayor parte de los participantes expresaron su convencimiento de que era necesario adoptar algún tipo de medidas a escala de la Unión Europea. La consulta cerrada el pasado día 15 tenía como objetivo sugerir qué tipo de medidas deberían adoptarse para facilitar el derecho de los accionistas en empresas localizadas en un país distinto al de su residencia.
Para McCreevy, el ejercicio de estos derechos es complicado, sobe todo teniendo en cuenta que muchas legislaciones nacionales están desarrolladas pensando en que los accionistas locales pueden acudir a la junta a discutir los principales asuntos que afectan a la compañía.
Sin embargo, en opinión del comisario europeo, esto no refleja la situación actual en la que los inversores extranjeros de las sociedades cotizadas suponen entre el 30% y el 35% en los países más grandes y entre el 70% y el 80% en los Estados más pequeños.
Otro de los obstáculos al ejercicio de los derechos de los accionistas se deriva de las potestades que aún se reservan algunos Estados miembros, como la acción de oro. McCreevy opina que, aunque existen ciertas excepciones, la legislación europea de libertad de movimiento de capitales no justifica la existencia de este tipo de prerrogativas. A pesar de que algunos Estados miembros han ido eliminado estas cláusulas voluntariamente o a petición de los tribunales, la CE ultima un estudio para analizar la situación en los 25.
A favor de los comités de auditoría
No hace aún ni un mes que el Parlamento Europeo se vio obligado a eliminar en el último momento la obligación prevista en el proyecto de la directiva sobre la profesión auditora de crear un comité de auditoría en todas las empresas cotizadas. La beligerancia de Londres y de algunas asociaciones empresariales contra esa disposición logró su eliminación. El comisario McCreevy sigue opinando, no obstante, que son necesarios. Asegura además no entender las presiones británicas de última hora cuando la propuesta se encontraba sobre la mesa desde octubre de 2004. De todos modos, el comisario de mercado interior opina que no hay nada revolucionario en la idea de crear un comité de auditoría en las sociedades cotizadas. 'La mayoría de las compañías europeas que se toman en serio el buen gobierno ya tienen un comité de auditoría', asegura. En España la Ley Financiera introdujo la obligación de que las sociedades cotizadas cuenten con este comité.