Bruselas busca fórmulas para transformar la oficina contra el fraude
La oficina de lucha contra el fraude (Olaf) de la Comisión Europea cosecha una valoración casi unánime sobre sus seis años de labor: insatisfactoria. Comisión y Parlamento celebran hoy y mañana una audiencia para analizar la viabilidad de la Olaf y no faltan voces que aboguen por su desaparición.
Olaf, acostumbrada a reclamar información y pedir detalles, se someterá hoy a partir de las tres de la tarde a un riguroso examen en el Parlamento Europeo sobre la dudosa utilidad de sus interminables investigaciones. Slim Kallas, comisario europeo de asuntos administrativos, auditoría y lucha contra el fraude, quiere escuchar a la propia Olaf y a diferentes expertos antes de acometer la perentoria reforma de ese organismo.
Entre los europarlamentarios hay quien considera que 'se podría prescindir de ese organismo'. Y en la propia Comisión se reconoce que 'un servicio de auditoría interno riguroso bastaría para descubrir la mayoría de las irregularidades que investiga la Olaf'. Aún así, Bruselas se resiste a disolver una unidad con más de 340 funcionarios creada como respuesta a los escándalos contables que desmocharon la Comisión de Jacques Santer en 1999.
El equipo presidido por José Manuel Barroso prefiere, de momento, intentar corregir los puntos débiles que la Olaf presenta desde entonces. Algunos de ellos, sin embargo, son intrínsecos a su propia estructura y estatus legal. La Olaf, como explica una persona conocedora de la unidad, 'no es ni juez, ni fiscal ni policía. Y muchas veces, las autoridades nacionales ni siquiera responden a sus peticiones de información'.
La CE sigue apostando a largo plazo por la creación de una fiscalía europea que pueda defender los intereses financieros de la Unión, aunque esa figura provoca serias reticencias en muchos Estados miembros.
Investigación larga con poco resultado
Desde su creación en el año 2000 y hasta junio del ejercicio pasado, los miles de investigaciones acometidas por la Oficina de lucha contra el fraude (Olaf) han conducido a 341 denuncias judiciales. La gran mayoría de los casos corresponden a fraudes externos a las instituciones (normalmente, en la gestión a nivel nacional de fondos estructurales). Sólo el 10% de los expedientes afectan a funcionarios de la UE. La efectividad de la Olaf en estos últimos es muy escasa, y en algunos ejercicios sólo ha llegado a resolver el 1% de los expedientes iniciados.