Clarificar el buen gobierno
La mejor forma de que una norma se incumpla es repartirla en varios códigos. Si además no es de obligado cumplimiento, es una invitación a ignorarla. Esto es exactamente lo que se ha hecho en España con el buen gobierno de las empresas: dos códigos vigentes a la vez, el Olivencia de 1998 y el Aldama de 2003, que para mayor confusión incluyen aspectos que resultan contradictorios entre sí. Por esa razón debe ser bienvenida la iniciativa de Pedro Solbes, que ha pedido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que elabore un código que unifique criterios y sirva de referente claro incluyendo, además, algunas normas de obligado cumplimiento.
El Ministerio de Economía considera que los códigos Olivencia y Aldama 'no son exactamente compatibles', y muchos especialistas coinciden con este diagnóstico. Para que la normativa sea realmente efectiva, el nuevo texto debería convertirse en el único marco de referencia a futuro y no en un tercer código que añada aún más confusión a los inversores y a las propias empresas. Y esto es algo que sólo se conseguirá haciendo obligatorias las normas esenciales de transparencia y obligando a las empresas a utilizar este nuevo código como guía en la elaboración de sus memorias de responsabilidad social.
Los códigos Olivencia y Aldama han servido para inocular en el empresariado los nuevos compromisos que requieren el buen gobierno y la transparencia. Con un código ex novo se podrían incluir, además, recomendaciones de la Comisión Europea como la de establecer la publicación individualizada de las retribuciones de los consejeros. Pero más importante aún es que el texto goce del nivel necesario de consenso para garantizar su aplicación rigurosa y efectiva durante un periodo de tiempo razonablemente largo.