El peligroso déficit sanitario
El gasto sanitario en España está debocado y se ha convertido en uno de los problemas de financiación más graves de las comunidades autónomas. La factura sanitaria ya era un problema cuando la gestión del servicio corría a cargo del Instituto Nacional de Salud, y sigue siéndolo ahora que depende de los diecisiete institutos sanitarios regionales. El derecho universal y gratuito a la asistencia médica lo convierte en un servicio de demanda infinita. Y las regiones, que han sido más proclives a aumentar el gasto que a imponer gravámenes con los que sustentarlo, se encuentran ahora con que son incapaces de financiarlo.
Las comunidades autónomas asumieron la gestión sanitaria con entusiasmo. Dos años más tarde, entre todas acumulan un déficit financiero de más de 7.000 millones de euros. Ahora reclaman a Moncloa que ponga el contador a cero, sin que ninguna de ellas haya hecho el más mínimo ejercicio de corresponsabilidad fiscal para sanear sus cuentas. Algunas han puesto en marcha el llamado 'céntimo sanitario' (que grava los carburantes), pero este mecanismo es claramente insuficiente para poner freno al creciente déficit. Sobre todo, porque la mayoría de los gobiernos regionales ha llevando a cabo una gestión demasiado laxa del servicio, con incrementos notables en los sueldos de los funcionario y escasa racionalización en la política de compras. Todo ello ha llevado al sistema sanitario a una situación financiera que sería de quiebra si se aplican criterios de gestión responsable.
En algunas comunidades hay incrementos desmesurados de población que hacen insuficientes los recursos proporcionados para costear la sanidad. Pero descontada esta circunstancia (que aporta el 21% del déficit, según estimaciones del Ejecutivo) el resto debe ser corregido con recursos autonómicos y con los mecanismos clásicos de la austeridad: más ingresos y menos gastos.