Qué hacer con las cotizaciones
El proyecto de Presupuestos de 2004 estimaba que los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social superasen, por vez primera, los ingresos tributarios del Estado. Y así ha sido. La buena evolución del empleo y el impulso proporcionado por la inflación a las bases de cotización, han disparado los ingresos por cotizaciones. Año tras año, el Estado trasvasa contablemente superávit de cotizaciones sociales para sufragar déficit tributario y presentar una impecable hoja de servicios fiscales en Bruselas. Pero un ejercicio de madurez presupuestaria cuestiona el mantenimiento de este tipo de prácticas de por vida, y aconseja movimientos profundos en la estructura de ingresos y de costes de la Seguridad Social.
Las cotizaciones siempre se han considerado un impuesto al empleo, y la doctrina liberal dominante siempre ha recomendado su reducción a un país con unas tasas de paro hasta hace poco alarmantes. España no tiene hoy un problema grave de desempleo: aunque hay dos millones de parados, no existe alarma social por la situación del mercado laboral. Por lo tanto pierde fuerza, que no rigor, la petición de un recorte en las cotizaciones. Pese a ello, tiene poco sentido mantener unas cotizaciones que proporcionan un superávit crónico (1% del PIB), para cebar una hucha (el fondo de reserva) cuyo destino futuro es incierto.
Este mecanismo se diseñó para corregir desequilibrios coyunturales del sistema de pensiones, pero ahora se cree que puede solucionar su crisis estructural cuando llegue, que llegará, dentro de diez o quince años. Por mucha capitalización de que disfrute, si el sistema entra en crisis engullirá enseguida el fondo de reserva.
Sería mejor ponerse manos a la obra para llevar a cabo una reforma de la Seguridad Social que evite la crisis, y devolver a los cotizantes -empresas y trabajadores- buena parte del exceso de recursos, aunque nadie haya demostrado que una rebaja generalizada cree empleo.