Canadá cede más espacio fiscal e iguala los servicios
Adecir de los canadienses, el sistema de financiación territorial de este país es el más descentralizado del mundo. Canadá nació en 1867 de la unión de cuatro ex colonias británicas. La prioridad era entonces dotar al país de infraestructuras y tejido industrial, competencia que asumió el Gobierno federal. A las provincias se dejó la tarea, entonces menor, de hacerse cargo de la educación, la sanidad y las políticas sociales.
El Estado de bienestar que Canadá es hoy en día ha convertido las competencias que tienen las provincias en las más importantes y, por ello, son las administraciones que más recursos precisan.
Las provincias (diez, más tres territorios) comparten con el Gobierno federal capacidad normativa, y ambos gravan tanto la renta como las sociedades, las transmisiones y las ventas, entre otros hechos imponibles.
Con la excepción de Quebec (siempre con mayores pretensiones de autonomía), las provincias han acordado que el Gobierno federal recaude la totalidad del impuesto sobre la renta, que tiene una tarifa diferente en cada provincia. Posteriormente, el Estado devuelve a cada una el dinero recaudado en su territorio.
En el caso del impuesto de sociedades, tres de las provincias recaudan la parte del gravamen que les corresponde. Las empresas que estén domiciliadas allí deben hacer por ello dos declaraciones.
La carga fiscal federal es siempre mayor que la de las provincias, por mucho que éstas puedan subir o bajar los tipos impositivos. Por ello, los recursos de las provincias son manifiestamente insuficientes. Para solucionarlo, el sistema cuenta con un complejo entramado de transferencias, siempre entre el Estado federal y las provincias, nunca entre ellas. Las más importantes se hacen a través de los programas de Transferencia de Salud y Asuntos Sociales.
Son fondos específicos en forma de dinero o tax tranfer, una cesión de 'espacio fiscal' del Gobierno federal a favor de las provincias. Quebec, que tiene los impuestos provinciales más altos, disfruta de más espacio fiscal y menos transferencias, lo que le da más autonomía de gestión.
Las compensaciones son establecidas cada año por parte del Gobierno, tras el necesario proceso de negociación. Fuentes de la Canada Revenue Agency (CRA) aseguran que se trata de una suma standard y políticamente difícil de rebajar que, en estos momentos, ronda los 16.000 millones de dólares. El reparto se hace per capita: Ontario tiene más población y, por tanto, obtiene más que Prince Edward Island.
El sistema cuenta también con otras transferencias para nivelar los ingresos entre provincias. Algunas de ellas son condicionales, y los Gobiernos provinciales se quejan de que las condiciones influyen demasiado en sus políticas.
Otras se enmarcan en un sistema netamente canadiense conocido como equalization. Se trata de pagos por parte del Gobierno federal a los territorios menos ricos para para garantizar un nivel mínimo de servicios en todo el Estado. Sólo dos provincias, Ontario y Alberta, no necesitan de estas transferencias por ahora. Este programa se paga con fondos federales aportados por todos los contribuyentes, independientemente de donde residan.
El modelo financiero canadiense goza de la simpatía de Ejecutivos regionales españoles como el catalán. Prueba de ello es la visita que el consejero jefe, Josep Bargalló, hizo la semana pasada a Quebec para conocer el sistema y potenciar el comercio entre ambos territorios, anunciando allí que compartirían oficinas comerciales en todo el mundo.