Política económica y futuro de las pensiones
Constatábamos hace unas fechas en estas mismas páginas (España envejece, del 19 de abril) cómo el envejecimiento de la población española constituía objetivamente una amenaza económica para el mantenimiento del sistema de protección social -sanidad y pensiones básicamente-. Afirmábamos la necesidad de superar dicha amenaza mediante la aplicación de políticas públicas de largo plazo y sostenidas en el tiempo.
En la línea expuesta, el informe sobre nuestro sistema de pensiones que a finales de 2002 el Reino de España rindió al Comité de Protección Social de la UE alertaba sobre el futuro del mismo a partir de 2015. Hasta entonces, se prevé mantener equilibrado el sistema merced a dos circunstancias. Primero, un respiro demográfico, pues la baja natalidad de los años posteriores a la guerra civil hará que se moderen las incorporaciones a la edad superior a 65 años durante la próxima década. Segundo, la óptima evolución de la economía a partir de la segunda mitad de los años noventa ha provocado un aumento espectacular de los cotizantes, hasta llegar a una relación de 2,42 cotizantes por cada pensionista, cuando en 1996 era 2,06. Con ello, se ha logrado cerrar en superávit las cuentas de la Seguridad Social durante varios ejercicios, y se ha podido sobredotar su Fondo de Reserva respecto a las previsiones del Pacto de Toledo.
Como nación España afronta el reto de aprovechar el citado margen temporal, hasta 2015, para realizar las reformas necesarias que permitan garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones más allá del citado año. En esta dirección, el informe de 2002 apuntaba una estrategia basada en varios puntos:
l Fomentar la creación de empleo estable y de calidad, lo que requiere realizar reformas en el mercado laboral para ganar flexibilidad y capacidad de adaptación. Se trata de aproximarse al dinamismo vivido entre 1996 y 2002, periodo en el que se crearon cuatro millones de empleos.
l Incentivar la prolongación del periodo activo de cada trabajador, dejando de favorecer las jubilaciones anticipadas o prejubilaciones, y propiciando tanto la opción de jubilación gradual, como la permanencia en el mercado de trabajo una vez superada la edad estándar de jubilación
l Intensificar el compromiso con la consolidación fiscal de las cuentas públicas, en la línea de la estabilidad presupuestaria, la reducción de la deuda pública y la utilización de la política tributaria para estimular el ahorro, la inversión y el empleo. Hay que insistir en medidas como la reducción de la brecha fiscal lograda en 1998 con la primera reforma del IRPF, o la paga a la madre trabajadora con hijos menores de tres años introducida en la reforma de 2002.
l Potenciar el sistema complementario de planes de pensiones, que basado en la capitalización ya sea en la modalidad colectiva -planes de empleo- o en la individual, constituye un pilar que contribuye a la sostenibilidad y seguridad del sistema de pensiones. En este sentido, es importante ir mejorando el funcionamiento de los fondos para que mejoren la transparencia y flexibilidad de su gestión, como también lo es mantener el estímulo fiscal a la construcción de los planes de pensiones.
Sin duda, la estrategia del Informe de 2002 es un digno paradigma de política pública de largo plazo que, adicionalmente, al prolongar e intensificar las líneas de actuación desarrolladas hasta entonces, aumentaba la eficacia de las soluciones. La cuestión es si vamos a ser capaces de darle perdurabilidad a esta política manteniendo la dirección estratégica aplicada o, por el contrario, va a modificarse de forma errática la orientación de la política a aplicar. Por el momento existen determinados signos desconcertantes que si bien no han encendido aún las luces de alarma, sí invitan a la preocupación.
Así, la lentitud con la que se están abordando las necesarias reformas en el mercado laboral constituye un handicap. Al respecto es conocido que la fuerte competencia de la economía global determina que en este campo no dar pasos hacia adelante supone darlos hacia atrás; la solución diseñada en la antigua Izar ha supuesto abusar peligrosamente -en el número y en las condiciones- del delicado instrumento de las prejubilaciones; la debilidad mostrada respecto a la estabilidad presupuestaria no es un buen presagio de mantenimiento de la política de consolidación fiscal, y las incertidumbres provocadas sobre la supervivencia de la deducción fiscal en el IRPF para las aportaciones a planes de pensiones es una mala señal enviada a los ahorradores.
Lo cierto es que todavía se está a tiempo de enderezar de nuevo el rumbo, y que sería deseable volver a la senda iniciada en 1996 y ratificada en 2002. A fin de cuentas, son muchos los aspectos que pueden diferenciar la política económica de dos Gobiernos sin necesidad de poner en peligro el futuro de nuestras pensiones.