Solidaridad contra el terrorismo
España, y con ella toda Europa, conmemoran hoy el primer aniversario del mayor atentado terrorista sufrido por España. La salvaje irracionalidad que cercenó la vida de 192 personas de diferentes nacionalidades, razas y credos no consiguió, sin embargo, desmoralizar a los ciudadanos ni romper la convivencia pacífica. Alrededor de las víctimas mortales y de los más de 2.000 heridos que dejaron las bombas asesinas se erigió una solidaridad y una voluntad pocas veces vista en defensa de la vida y de la democracia.
Los Gobiernos de la Unión Europea, y de todo el mundo, arroparon en pocas horas a las decenas de miles de españoles que ganaron las calles para repudiar la matanza y exigir el esclarecimiento del tremendo acto. La eficaz reacción de los servicios de emergencia y de las fuerzas de seguridad del Estado se complementó con la colaboración de los ciudadanos de a pie. Un año después, la extraordinaria movilización de la sociedad española se destaca como una de las principales armas en la difícil lucha contra el terrorismo.
Lejos de amedrentarse ante la brutalidad de los terroristas, la conciencia democrática de millones de ciudadanos se templó y se fortaleció. El cambio político que se produjo tres días más tarde fue una de sus expresiones más claras. La otra, sin duda, ha sido la defensa y el mantenimiento de la libertades democráticas a pesar de la amenaza terrorista. A esto ha contribuido tanto la eficiencia de las investigaciones policiales, que lograron desmantelar buen parte de las redes del terrorismo de Al Qaeda en España, como la orientación política del actual Gobierno, que ha sabido interpretar la voluntad y el deseo popular.
Sin recortar libertades, sin crear un clima de temor interno, sin temer a la participación popular, la unidad de la mayoría de los partidos políticos ha honrado la memoria de las víctimas a través de su compromiso con la normalidad democrática en la lucha contra el terror.
No obstante, la labor de la comisión parlamentaria creada para la investigación de lo ocurrido no ha estado a la altura de los hechos. La intervención ante esa comisión realizada por Pilar Manjón, una de las representantes de las asociaciones de víctimas del 11-M, fue elocuente a la hora de denunciar las carencias y cierta falta de rigor por parte de sus integrantes.
Hoy, cuando la actitud de los ciudadanos pero también la de la mayor parte de los diputados de esa comisión parlamentaria mantiene viva la memoria histórica de este atentado, se impone con urgencia que la investigación concluya con conclusiones claras y lo más unitarias posibles. Sobre quienes antepongan mezquinos intereses partidarios a la verdad histórica recaerá la responsabilidad por la falta de esclarecimiento del 11-M.
El Alto Comisionado para las Víctimas, el Ejecutivo, el Congreso de los Diputados y los partidos políticos, tienen por delante la difícil tarea de velar por la memoria histórica y por evitar que se repitan hechos tan deleznables.