Europa revisa su modelo fiscal para poner coto a la fuga de empresas
Agenda de Lisboa La reciente ampliación de la Unión Europea y la amenaza competitiva de los mercados emergentes está obligando a Bruselas y a las capitales comunitarias a estudiar propuestas fiscales consideradas hasta ahora inviables o simples tabúes. En pocos meses se han abierto camino la armonización de la base imponible del Impuesto de Sociedades o la experiencia piloto de permitir que las empresas presentes en varios Estados salden su factura fiscal con arreglo a la norma del país de origen.
La próxima cumbre de líderes europeos (22 y 23 de marzo, en Bruselas) cuenta ya en su agenda con otra revolucionaria iniciativa para dar un vuelco a la balanza de ingresos impositivos de los Estados. Del 70% recaudado ahora a través de impuestos directos sobre la renta y contribuciones sociales (Seguridad social, sobre todo) se propone pasar, en una primera fase, a una cuota del 40% de impuestos indirectos (IVA, principalmente). Con posterioridad, se alcanzaría el equilibrio entre las dos fuentes de recaudación.
Chipre es el único país de la UE que se aproxima a esa hipótesis. Para España supondría elevar casi 17 puntos porcentuales su cuota actual de ingresos mediante impuestos indirectos (33%). El reto es aún mayor para Alemania (sólo recauda el 30% a través de impuestos indirectos) o Bélgica (29%).
La propuesta aparece en el documento remitido por el primer ministro belga, Guy Verhofstadt, a la presidencia de la Unión para su discusión en el Consejo Europeo de marzo. El entorno de este líder liberal, próximo a París y Berlín, asegura que Verhofstadt ha discutido el texto de manera exhaustiva con el canciller alemán, Gerhard Schröder, y con el actual presidente de la Unión, el primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker. La presidencia de la UE, por ahora, se limita a declarar que 'ha tomado nota del documento' y que 'los asuntos que se plantean serán objeto de análisis en la reunión de los primeros ministros en Bruselas'.
El vuelco fiscal permitiría, según el primer ministro belga, mantener la competitividad de la Unión Europea frente a los países emergentes y, en especial, respecto al temible grupo Bric (Brasil, Rusia, India y China). 'Ahora estamos minando las fuerzas productivas de nuestra sociedad', asegura el documento. Y recuerda que la financiación del modelo social europeo requiere una carga fiscal y parafiscal equivalente al 40% del PIB europeo. En EE UU, ese porcentaje sólo llega al 26%. Lo más grave, según Verhofstadt, es que el 70% de los impuestos es por recaudación directa.
El equilibrio entre las dos fuentes de ingresos fiscales 'no es una mala idea', a juicio de Daniel Gros, director del Centre for European Policy Studies, un instituto de estudios independiente con sede en Bruselas. Gros tampoco cree que fuera injusto, porque los más pudientes consumen más que las clases menos favorecidas. 'Pero dudo que el impacto económico fuera importante y, en cualquier caso, debería hacerse a nivel nacional, no comunitario'.
Verhofstadt calcula, sin embargo, que cada punto porcentual de trasvase de los impuestos directos a los indirectos se traduce en un incremento del 1% en el Producto Interior Bruto. Y pide que, 'para evitar distorsiones en el mercado único, el cambio sea en toda Europa'.
En ese sentido, Verhofstadt arremete contra el actual presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, por llevar a la misma cumbre una propuesta de 'renacionalización' de la agenda de reformas económicas. 'Ese enfoque da la impresión de que los problemas que afronta la economía europea difieren de un país a otro', critica un Verhofstadt.
Bélgica cree que el problema es similar en los 25 y no se puede renacionalizar la solución
Armonización de la base imponible y tipos mínimos
La cartuchera de las reformas estructurales para impulsar el crecimiento económico de la UE. A mitad de camino de la llamada agenda de Lisboa, que pretendía arrebatar a EE UU el liderazgo mundial en 2010, Bruselas busca ya otras fórmulas para inyectar vigor a la economía. La reforma fiscal parece la única senda en una Unión con política monetaria centralizada. Los 25 trabajan sobre la armonización de la base imponible para el cálculo del impuesto de sociedades. E incluso se menciona ya la posibilidad de fijar tipos mínimos para evitar la competencia desleal.