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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Terreno militar para VPO

El Gobierno dio el viernes su primer paso de relieve para cumplir con una de sus principales promesas de campaña electoral: controlar el precio de la vivienda. Después de algunas indefiniciones iniciales, el Consejo de Ministros aprobó ayer la Operación Campamento, que permitirá urbanizar, en una primera etapa, 2,1 millones de metros cuadrados sobre los que se construirán 10.700 viviendas. El 70% serán protegidas y otras 1.100 serán para alquiler y para jóvenes.

Esta operación, que será completada en una segunda fase con la urbanización de otros 6,8 millones de metros cuadrados, parece marcar el inicio de una política activa del Estado en un mercado que es la base del actual crecimiento económico, al mismo tiempo que configura la principal preocupación social por el astronómico coste de las viviendas.

En este sentido, el suelo a urbanizar, cercano a la carretera de Extremadura en los confines de Madrid, contribuirá, en la visión oficial, a sacar adelante una política de vivienda que sirva para limitar el auge de los precios inmobiliarios. Según la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, la Operación Campamento es un 'ejemplo modélico que va a incidir' en el precio de la vivienda en la región de Madrid.

Esta contribución del Ministerio de Defensa, propietario de los terrenos de la operación, es un gesto positivo que complementa la respuesta de los ayuntamientos a la petición del Gobierno para que cedan parte de su suelo con el fin de impulsar los planes de vivienda de protección oficial (VPO).

El camino iniciado abre la vía para que el acceso de los españoles a la vivienda discurra por unos cauces más normales de los que nos hemos acostumbrado en estos últimos años. Junto a este objetivo, también debe apostarse por un desarrollo urbanístico coherente, ya que así se contribuirá a producir un aterrizaje suave del sector inmobiliario. El bienestar de los españoles depende, en gran parte, de una salida controlada de la actual situación del mercado de la vivienda.

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