Defensa inicia la venta de terrenos para vivienda protegida
El Gobierno ha cerrado la mayor operación de su gran apuesta en materia de vivienda: utilizar suelos públicos para construir pisos protegidos y contener así las subidas de precios. El Ministerio de Defensa acordó ayer la enajenación de nueve millones de metros cuadrados en Campamento, al sur de Madrid, para construir 10.700 viviendas, 7.000 de ellas protegidas.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó el viernes que, con esta operación, el Gobierno cumple con su compromiso 'de facilitar el acceso a la vivienda mediante la enajenación de suelo público'. En palabras del ministro de Defensa, José Bono, la venta de nueve millones de metros cuadrados en Campamento es 'el abrazo del ejército a la sociedad civil'. La operación, con ser 'la más importante de la legislatura', no será la única de estas características. La ministra de la Vivienda, María Antonia Trujillo, la circunscribió a una política global que abarca también acuerdos con Fomento. El inventario de suelo público aún no está ultimado pero, sólo el Ministerio de Defensa, es propietario de 1.400 millones de metros cuadrados, y Renfe, de otros 450 millones. El cambio de manos no ha hecho más que empezar.
Promesa electoral
La vivienda fue una de las grandes apuestas electorales del Partido Socialista. Una vez instalado éste en el poder, el nuevo Ministerio de Vivienda elaboró un plan que cuenta con poner en disposición de los menos favorecidos 180.000 pisos protegidos al año, la mitad de ellos de nueva construcción.
'Es el abrazo de los ejércitos a la sociedad civil', afirma Bono
La progresiva reducción del tamaño del Ejército hace que cada vez más terrenos y edificios del Ministerio de Defensa (el mayor propietario de suelo de España) queden sin uso útil. La ecuación del Gobierno estaba clara: transformar en urbanizable buena parte de esos terrenos, para la construcción prioritaria de viviendas protegidas. Así se cumplía el compromiso electoral, al tiempo que se presionaban a la baja los precios. Sólo faltaba el acuerdo de Defensa, y no estaba tan claro.
En su primera comparecencia en el Parlamento, en mayo del año pasado, el ministro José Bono advirtió de que el plan de vivienda no se realizaría a costa de reducir el programa armamentístico. En una palabra, los terrenos no se regalarían. La ley de Patrimonio prohibe la cesión gratuita de los terrenos, pero su última versión permite su salida al mercado con precio fijado. Defensa se ha comprometido a priorizar esta fórmula, en detrimento de la subasta, que presiona al alza los precios.
'Sin afán especulativo'
La venta de terrenos por parte de diversos organismos públicos no es nueva. Defensa y Renfe ingresaron en la anterior legislatura 833 y 402 millones de euros, respectivamente, por este concepto. Pero la finalidad declarada se circunscribía a ayudar a lograr objetivos propios: programas armamentísticos, por parte de Defensa, y reducción de la deuda histórica, por parte de Renfe (que finalmente fue asumida por el Estado el año pasado).
El paso dado con la operación Campamento indica, según el Gobierno, que la finalidad ya no es maximizar el beneficio, sino contribuir a solucionar el mayor problema social del país. Aunque los ingresos se seguirán destinando a inversiones en Defensa, Bono recalcó que el objetivo de la enajenación 'no será en ningún caso especulativo', lo que aleja la posibilidad de la adjudicación en subasta. Los nueve millones de metros cuadrados alojarán a una población equivalente a la de la ciudad de Ávila. El acuerdo precisa aún la aquiescencia del alcalde de Madrid -y responsable de su planificación urbana-, Alberto Ruiz Gallardón, con el que se reunirán Bono y Trujillo el martes. Según el ministro de Defensa, el edil madrileño está básicamente de acuerdo con el plan, lo que acelerará su tramitación, de forma que las demoliciones puedan iniciarse en unos meses.