La inmigración y las pensiones
La ola de inmigrantes que ha recibido España durante los últimos años ha cambiado algo más que la fisonomía urbana del país. La llegada de trabajadores extranjeros ha modificado también el mercado laboral y, en consecuencia, la composición de las aportaciones a la Seguridad Social. Actualmente, el 25% de los nuevos cotizantes al sistema son inmigrantes.
Esto ha provocado un indudable fortalecimiento de la financiación del sistema público y, en particular, ha aventado los temores existentes hace pocos años sobre el futuro de la Seguridad Social en el corto plazo. Sin embargo, un estudio del Banco de España se ha encargado de enfriar las expectativas positivas creadas en el mundo económico en los últimos años a raíz del aporte realizado por la inmigración.
Sin negar los aspectos positivos del fenómeno en el corto plazo, el trabajo de la institución viene a decir que las cotizaciones de los inmigrantes no servirán para resolver todos los problemas que, a medio y largo plazo, genera el envejecimiento de la población local. Y con el añadido de que el grueso de los inmigrantes que ahora están en el grupo de edad de entre 20 y 40 años también integrarán el pelotón de población envejecida en un plazo de 15 años.
Las conclusiones de este trabajo se suman así a los numerosos estudios de la última década que, tanto en España como en otros países europeos, vienen llamando la atención sobre las inevitables limitaciones del sistema de pensiones debido al aumento de la expectativa de vida de la población. Por otra parte, el Banco de España, sobre bases estadísticas, advierte que elevar un año la edad de jubilación tendría un impacto positivo mayor al que aporta la inmigración.
Lo que resulta indiscutible es que se aproxima el momento de encarar una reforma preventiva, sobre la base de la estructura estatal del sistema, que haga un atinado uso de los fondos de pensiones privados como un complemento necesario de la Seguridad Social.