COLUMNA

El debate fiscal en EE UU

George Bush tomará posesión el jueves como presidente de EE UU para su segundo mandato, y las próximas semanas estarán llenas de novedades sobre sus planes económicos. El autor analiza los objetivos que se ha planteado la nueva Administración para esta legislatura

Las próximas semanas van a estar cargadas de eventos donde se describirán los planes fiscales de la Administración Bush para la segunda legislatura. Tras una campaña electoral que ignoró el problema fiscal, la Administración Bush ha cambiado de tono -posiblemente en respuesta a la caída del dólar- y ha puesto el aumento del ahorro y la disciplina fiscal en el centro de su estrategia. Hay dos objetivos prioritarios: reducir el déficit federal a la mitad en cinco años, y mejorar la solvencia de largo plazo de la Seguridad Social.

Dado que las rebajas de impuestos son intocables, el objetivo de reducir el déficit federal a la mitad en cinco años descansa sobre dos hipótesis: el férreo control del gasto y el aumento de los ingresos a través de un mayor crecimiento económico.

La Administración Bush ha anunciado que varios departamentos tendrán que apretarse el cinturón de manera importante, y es muy posible que haya algún anuncio sorpresa que trate de impactar a los mercados, como el cierre o suspensión de algún programa o departamento. Sin embargo, el esfuerzo de ahorro se limita a los gastos discrecionales no relacionados con la seguridad nacional, cubriendo tan sólo un 20% del Presupuesto. El problema es que el restante 80% probablemente continúe aumentando a un fuerte ritmo: la campaña de Irak no tiene visos de terminar, y la parte no discrecional del Presupuesto -sobre todo los gastos sociales- ha experimentado una fuerte inflación en los últimos años.

Es muy posible que la nueva Administración Bush realice algún anuncio sorpresa que trate de impactar a los mercados

Además, hay que tener muy en cuenta que en EE UU la Casa Blanca propone, pero el Congreso dispone. Por tanto, desde la presentación del Presupuesto la primera semana de febrero hasta su aprobación en mayo puede haber cambios (con toda probabilidad al alza) de todo tipo. No olvidemos que, a pesar de que la disciplina fiscal esté empezando a cotizarse al alza en el panorama político americano, los congresistas americanos se han caracterizado recientemente por tener como principal objetivo maximizar la cantidad de gasto para su distrito. Es por ello que las reglas de autofinanciación del gasto (según las cuales cada nuevo programa de gasto debía presentarse acompañado de su fuente de financiación) se abolieron en 1999 y no se han renovado.

La primera prueba de fuego de esta nueva austeridad vendrá en marzo, cuando se discuta la dotación adicional de gasto para Irak. Si, como sucedió el año pasado, se utiliza esta ley para añadir nuevos programas de gasto no militar, y si el presidente no usa su derecho al veto, los mercados empezarán a dudar seriamente.

Por tanto, sin un aumento de los ingresos las perspectivas fiscales en EE UU no son muy halagüeñas, dependiendo en gran medida del crecimiento económico. ¿Qué decir de la solvencia a largo plazo? El sistema de Seguridad Social americano es similar al español -las cotizaciones pagadas hoy sirven para pagar las pensiones de hoy- y dado el esperado envejecimiento de la población se enfrenta a un problema de solvencia similar, aunque menor. ¿Cómo se resuelve este problema? Si se quiere mantener el esquema actual, hay básicamente dos maneras: aumentar los ingresos -es decir, aumentar las cotizaciones- o reducir los gastos -es decir, retardar la edad de jubilación y/o recortar los beneficios-.

La Administración Bush, sin embargo, ha decidido reformar el sistema con la creación de unas cuentas privadas voluntarias. Estas cuentas se gestionarían por un sistema de capitalización -es decir, el dinero depositado en ellas, y sus rendimientos, pertenecería a cada contribuyente individual-. De esta manera se eliminaría el déficit actuarial del sistema actual, ya que cada individuo recibirá en el futuro en función de lo que haya contribuido.

El problema es que el coste de transición a este nuevo sistema es muy alto, del orden de un punto del PIB durante 15 años, empeorando por tanto la situación fiscal de corto plazo. Además, introduce un importante factor de riesgo: los republicanos argumentan que esta estrategia proporciona una solución con coste nulo, ya que al invertirse estas cuentas privadas en los mercados financieros se obtendrá un rendimiento superior al de la deuda pública y, por tanto, no habrá que reducir los beneficios futuros.

Lo que omiten en este argumento es que este rendimiento superior es un rendimiento esperado ponderado por riesgo -si no, habría arbitraje- y que por tanto hay una probabilidad importante de que al final se hayan incurrido los costes de transición y no se haya resuelto el problema. Por ejemplo, entre 1969 y 1979, el rendimiento medio anual de la Bolsa americana fue por debajo del 1%; la hipótesis de trabajo de la Administración Bush es un rendimiento anual del 7%.

Claramente, la propuesta fiscal de la Administración Bush es una reforma encubierta de la Seguridad Social -es una solución en busca de una crisis, ya que un simple aumento de las contribuciones a la Seguridad Social de dos puntos del PIB resuelve el problema, sin necesidad de recurrir a cuentas privadas-, de la misma manera que la rebaja de impuestos de 2003 fue una reforma fiscal encubierta. La idea es buena, pero no es un sustituto del necesario ajuste fiscal.