Un país de inmigrantes
Los datos presentados ayer por el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, confirman el peso creciente de la población inmigrante en el mercado laboral español. Uno de cada cuatro nuevos cotizantes a la Seguridad Social registrados durante 2004 era extranjero. Tras crecer un 16,42% a lo largo del año, la afiliación de inmigrantes supera por primera vez el millón de afiliados y representa ya el 6,2% del total de trabajadores registrados. Todo esto en un ejercicio en el que el paro desciende por primera vez desde 2000. Con lo cual parece claro que la economía española está en condiciones de absorber esta mano de obra foránea sin que ello suponga necesariamente un aumento del desempleo de los trabajadores nacionales.
Aunque importantes, estas cifras probablemente son sólo la punta de un iceberg que probablemente emergerá con fuerza cuando se inicie el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes aprobado por el Ejecutivo socialista. Este proceso, previsto para los primeros meses del año, permitirá aflorar a cientos de miles de ciudadanos que ahora se ven forzados a vivir inmersos en la economía sumergida. Si tiene éxito, el plan socialista podría hacer que 2005 termine con casi dos millones de extranjeros afiliados a la Seguridad Social.
De lo que se trata es de permitir la regularización masiva de extranjeros que ya residen en este país y que se benefician de sus servicios públicos (sanidad, educación, vivienda, etcétera) sin que paguen impuestos a Hacienda ni coticen a la Seguridad Social, sencillamente porque carecen de la documentación necesaria para ello.
La legitimación de estos trabajadores contribuirá de manera esencial a financiar las pensiones futuras, en un país embarcado en un acelerado proceso de envejecimiento de la población. Además, podría dar margen al Ejecutivo para acceder a alguna de las peticiones históricas de la patronal, como la reducción de las cotizaciones sociales.