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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La liberalización ferroviaria

Tras 64 años de monopolio, Renfe dejará de existir tal como la conocemos hasta ahora para segregarse en dos partes el próximo 1 de enero. El nuevo Adif gestionará la infraestructura ferroviaria (vías y estaciones), mientras que Renfe Operadora se encargará del transporte de mercancías y pasajeros, en régimen de competencia con otras empresas. El Adif, que también se hará cargo de gestionar las líneas de alta velocidad, será quien distribuya las autorizaciones a las distintas compañías de transporte ferroviario, incluida la nueva Renfe Operadora. Y les cobrará un canon anual por el uso de las infraestructuras. El Estado conserva, pues, la gestión y el mantenimiento de las redes ferroviarias, que son un elemento esencial para garantizar la calidad y la seguridad en el servicio.

El transporte por mercancías se liberalizará a partir de este sábado, mientras que el de viajeros se abrirá a la competencia a partir del año 2010. Un proceso gradual que debería servir para ir corrigiendo posibles deficiencias en el modelo durante los primeros años, antes de dar el salto a la plena competencia en el transporte de pasajeros.

El Gobierno ha ofrecido garantías de que las empresas segregadas de Renfe seguirán bajo el paraguas público. Con lo cual no parece previsible que se produzcan errores del calibre de los cometidos en países como Reino Unido. El Gobierno británico se vio forzado a renacionalizar Raitrack, la empresa responsable de las labores de mantenimiento del sistema ferroviario, tras una desastrosa experiencia privatizadora. La liberalización británica se saldó con un aumento vertiginoso de los costes, un deterioro de la calidad del servicio y una grave escasez de inversiones en el mantenimiento de las redes que derivó en varios accidentes mortales. Un episodio que debería servir como referente. La libre competencia debe ir aparejada con el mantenimiento de la seguridad y la calidad del servicio. Y el Estado tiene la obligación irrenunciable de garantizarlos.

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Antonio Ruiz del Árbol

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