Vivienda dará más poder a los municipios en la Ley del Suelo

El Ministerio de Vivienda dispone ya de un primer borrador de la que será la nueva ley del suelo. El documento plantea la necesidad de acabar con la actual calificación masiva de suelo urbanizable, lo que en la práctica supone la vuelta a la situación anterior a 1998, es decir, que sean exclusivamente los ayuntamientos quienes fijen qué terrenos son urbanizables.

La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, primero y el director general de Urbanismo y Política de Suelo, Marcos Vaquer, aseguraron que había que acabar con el sistema actual en el marco de unas jornadas sobre el sector organizadas por el grupo parlamentario socialista.

Ambos dirigentes subrayaron que hay que reformar el actual modelo, basado en la 'clasificación masiva de suelo urbanizable', porque es un 'sistema que ha fracasado, es insostenible y acarrea mayores costes en la prestación de servicios y una grave degradación social', explicó Trujillo.

Por su parte, Vaquer confirmó que el borrador en el que trabaja el Ministerio tendrá tres grandes criterios vertebradores. El primero será la elaboración de un estatuto básico de la ciudadanía, 'desde el que debe concebirse la regulación de los usos del suelo, a la manera en que lo hace la propia Constitución'. El segundo criterio será la apuesta decidida por la 'sostenibilidad del proceso urbanístico, lo que conlleva evitar la clasificación indiscriminada de suelos (modelo que no ha tenido éxito y es insostenible) y propiciar la regeneración de las ciudades existentes.

El Gobierno quiere elaborar la ley con el máximo consenso para que no sufra nuevos cambios

Fuentes consultadas por este periódico aseguran que esta crítica al sistema actual supone en la práctica la vuelta al estatus vigente antes de que se promulgara la ley de 1998.

Desde el Ministerio de Vivienda recuerdan que ahora todos los terrenos parten de una calificación de urbanizable, excepto aquéllos que deben ser especialmente protegidos. Con anterioridad a la ley de 1998, la situación era justo la contraria. Todos los suelos eran no urbanizables y eran los ayuntamientos quienes determinaban, al ejercer el planeamiento urbanístico en función de sus necesidades, qué solares pasaban a ser urbanizables.

æpermil;sta es una de las reclamaciones al Gobierno que ha efectuado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP): 'modificar la legislación básica en lo que se refiere a la clasificación del suelo, volviendo a configurar el suelo no urbanizable como regla y categoría residual, reconociendo de este modo a los Ayuntamientos la capacidad de decisión que a ellos les ha de corresponder', aseguró ayer en su comparecencia el alcalde de Lugo y presidente de la Comisión de Patrimonio Histórico de la FEMP, José Clemente López Orozco.

El tercer y último gran pilar de la que será nueva ley del suelo será el establecimiento de un nuevo régimen de valoraciones de suelo 'que tase la realidad y la actividad empresarial de transformación urbanística, pero no las meras expectativas de futuro basadas en la acción de los poderes públicos, para no fomentar la especulación con el suelo', aseguró Vaquer.

Así, el director general de Urbanismo anunció que la ley del Estado 'no debe ser una ley urbanística más, sino un marco de referencia para los ordenamientos urbanísticos autonómicos y locales'. Por esta razón, Vaquer anunció que se trabaja en un borrador de texto legal breve, que no interfiera en los modelos autonómicos y facilite su comprensión por parte de los ciudadanos.

Sin embargo, eludió concretar cuándo podría estar aprobada, pero insistió en que se elaborará con el mayor consenso posible para evitar que en el futuro sea nuevamente modificada, según quién ostente el poder.

Próximas actuaciones: Nuevas estadísticas y agencia del alquiler

El Sistema de Información Urbana será un nuevo indicador por el que el Ministerio aspira a dar a conocer cuánto suelo tiene cada administración (estatal, autonómica y local) y en qué situación.La Agencia Pública del Alquiler funcionará como plataforma de conexión entre todas las agencias que se están creando tanto en el marco regional, como en algunos ayuntamientos. Además, intermediará entre la oferta y la demanda.El nuevo Plan de Vivienda está siendo ya elaborado por el equipo de Trujillo, si bien aún no se sabe cuándo entrará en vigor, si en 2005 o en 2006.

Los promotores defienden la normativa actual

La posibilidad de volver al sistema anterior a la ley del suelo de 1998, según el cual todos los terrenos eran de partida no urbanizables y las corporaciones locales eran las encargadas de su posterior recalificación no ha gustado a los promotores. Según el secretario general de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), Manuel Martí, 'pasaremos entonces de hacer un urbanismo de oferta (el actual sistema parte de la premisa de que todo terreno, excepto el especialmente protegido, es urbanizable) a otro de demanda, que establecerá las calificaciones en función de las necesidades de desarrollo de los ayuntamientos'.Martí reconoció que no le sorprendía que la reforma legislativa de la ley del suelo promulgada por el Gobierno socialista supusiera era vuelta atrás, 'ya que el PSOE no ha ocultado nunca que era más partidario del intervencionismo en el mercado que de su liberalización'.Sobre el fracaso del modelo actual, el secretario general de APC defendió la vigencia de la ley y rechazó las críticas vertidas sobre la misma, ya que recordó que 'aún no ha podido entrar en vigor de manera efectiva'. Martí recordó que una de las disposiciones transitorias de la actual normativa (modificada en 2000) establece que ésta no será efectiva 'hasta que se revise el planeamiento urbanístico de cada municipio y, por ejemplo, en el caso de Madrid, dicha revisión no comenzará hasta el año que viene, como pronto'. Además, advirtió que el hecho de quién clasifica el suelo no es el principal problema, 'es sólo el primer paso. La clave es quién, cómo y cuándo delimita el suelo, es decir, fija el polígono de actuación'.