Gobernar con el consenso social
Tras el revuelo provocado por sus primeras reflexiones sobre la reforma del IRPF, el secretario de Estado de Hacienda declaró ayer que el Gobierno sólo implantará modificaciones fiscales de calado si logra un amplio consenso social. Miguel Ángel Fernández Ordóñez incidió en que serán los ciudadanos los que tendrán que elegir entre mantener los actuales tipos impositivos o implantar un modelo en el que haya tipos de gravamen notablemente más bajos y menores deducciones.
Los responsables económicos del Ejecutivo socialista están convencidos de que el IRPF debe ser simplificado, reduciendo la enorme maraña de deducciones existente en estos momentos para conformar un sistema más sencillo y equitativo. El nuevo modelo (para el que se barajan desde eliminar dos de los cinco tramos hasta implantar un tipo único) sería mucho más fácil de gestionar tanto por el contribuyente como por la Agencia Tributaria, que dejaría de dedicarse fundamentalmente a cotejar datos y podría volcarse en la lucha contra el fraude. Además, el Gobierno renunciaría al 'dirigismo fiscal' vigente en estos momentos, con incentivos fiscales que priman sólo algunas modalidades de ahorro (vivienda, planes de pensiones), en detrimento de la libertad individual y de la propia eficiencia económica.
La idea, sin duda, merece un debate serio. Y el Ejecutivo hace bien en sondear previamente la opinión de los agentes implicados, desde entidades financieras hasta colectivos de ciudadanos, pasando por empresas y centros de análisis privados. Sin embargo, además de saber escuchar, también debe saber gobernar. Y para ello tendrá que definir cuanto antes cuál es el modelo fiscal que considera más adecuado, exponerlo con detalle, defenderlo y llevarlo a la práctica. En eso consisten, precisamente, las labores ejecutivas.