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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Arbitraje para la doble imposición

La doble imposición es una fuente de conflictos y un dolor de cabeza para muchas compañías con presencia en distintos países. Pero para las empresas instaladas en más de un Estado miembro de la UE es además un sinsentido. Por esa razón debe ser bienvenido el convenio internacional sobre arbitraje en precios de transferencia, que entró en vigor ayer en la Unión. Se trata de la puesta en marcha de un comité arbitral que resolverá, en un plazo máximo de seis meses, los conflictos por operaciones intracomunitarias entre las empresas y Haciendas estatales, ligados a la doble imposición y que los mismos Estados no hayan sido capaces de resolver.

Es un paso trascendental que, primero, resuelve un serio retraso: el convenio anterior, de cinco años, caducó en 1999 y no se prorrogó. Hasta que ayer entró en vigor el nuevo -ratificado por los Quince y que aún deberán suscribir los diez nuevos socios de la UE-, se han acumulado casos que han obligado a que el nuevo acuerdo tenga efecto retroactivo desde enero de 2000 para evitar lagunas. En segundo lugar, ayudará a muchas empresas a recortar su carga tributaria. Y, tal vez lo más importante, eliminará los lentos procesos por este tipo de litigios que se eternizan en los tribunales ordinarios económico-administrativos. En éstos, si no se resuelve en primera instancia, un caso ligado a la doble imposición puede durar décadas. Con el nuevo convenio, una vez que un caso llegue al comité arbitral deberá estar resuelto en seis meses.

El convenio requiere ahora que el código de conducta que lo desarrollará, que el Ecofin tiene previsto aprobar este mes, lo convierta en una herramienta ágil, eficaz y transparente. En este sentido, sería conveniente que todos los acuerdos que determine el comité se hagan públicos para el general conocimiento de los sectores afectados. El sistema de arbitraje ha dado pruebas de su eficacia para resolver problemas societarios, tanto en el ámbito comunitario como en el meramente estatal. Este es un importante paso más en el buen camino.

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