Los impuestos municipales

Los ayuntamientos son los agentes administrativos menos afortunados en el reparto de tributos ideado por los Gobiernos y los poderes territoriales en los últimos años. Tras la creación del estado autonómico con la Constitución de 1978, las comunidades han absorbido la mitad de las competencias que tenía el Estado, y con ellas los recursos financieros para costearlas.

Los municipios, mientras tanto, han tenido que hacer frente a numerosos gastos ligados a servicios que corresponden legalmente a las comunidades autónomas pero que no eran atendidos convenientemente. Y no han sido compensados por ello. Los ayuntamientos cifran en más de 4.000 millones de euros el gasto anual en servicios que no son de su competencia y reclaman ahora al Gobierno central que se les abone. El Ejecutivo central reconoce que es preciso resolver este quebranto a futuro, pero descarta compensaciones por los costes asumidos en el pasado.

La escasez de recursos ha llevado a los ayuntamientos a buscar recursos hasta debajo de las piedras. Y donde más dinero han encontrado ha sido, precisamente, en los ladrillos. O lo que es lo mismo, en la actividad constructora e inmobiliaria. A los tributos tradicionales de la plusvalía sobre el valor de los terrenos cobrados en cada compraventa de un solar o vivienda, o el impuesto sobre bienes inmuebles (la tradicional contribución urbana), se han sumado nuevas figuras como el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, con la única intención de exprimir el jugo de un sector en plena efervescencia económica.

Todos han subido a proporciones desmesuradas los últimos años y están en los niveles máximos permitidos por la ley de haciendas locales. Es urgente una revisión del modelo que garantice los ingresos de los ayuntamientos y, a ser posible, les haga menos dependientes del negocio inmobiliario.