La Audiencia Nacional juzgará a Botín por las cesiones de crédito

La juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, abrió ayer juicio oral, sobre el que no cabe recurso, por el caso de las cesiones de crédito al presidente del Santander, Emilio Botín, y tres ex altos cargos del banco. Esta es la segunda causa abierta contra Botín.

La juez Teresa Palacios decidió ayer abrir juicio oral por el caso de las cesiones de crédito del Banco Santander a Botín, el ex consejero delegado y actual consejero del SCH Rodrigo Echenique, el ex jefe de la asesoría jurídica José Ignacio Uclés y Ricardo Alonso Clavel, antiguo jefe central contable. Los cargos por los que se les acusa son: cuatro delitos continuados de falsedad, tres en documento mercantil y uno en documento oficial, y 30 contra la Hacienda Pública.

Aunque la apertura de este juicio oral era algo con lo que ya contaba el SCH, su notificación llega en uno de los peores momentos para el grupo financiero. El próximo 14 de octubre los accionistas del Abbey deben someter a aprobación en junta si aceptan la oferta del Santander para comprar este banco británico.

Responsables del Abbey ya explicaron el 26 de julio, cuando el SCH les presentó su oferta, que los procedimientos judiciales a los que se enfrentaba Botín no tenían relevancia en la operación.

Este proceso se suma al abierto también por la misma magistrada por el 'caso de las jubilaciones'

La juez ha impuesto a Botín y a los tres ex altos cargos del banco una fianza solidaria en concepto de responsabilidad civil de 67,75 millones. Aunque la magistrada señala en el auto que 'deben ser condenados a abonar a la Hacienda Pública en concepto del perjuicio causado por el delito continuado de falsedad en documento oficial en la cuantía de 84.935.195,86 euros, de los cuales, 7.707.038,98 se corresponden con las cuotas defraudadas en los 36 delitos fiscales de los que deben responder como coautores'.

La apertura de este juicio se une al abierto el pasado mes de abril por la misma juez contra Botín, y que sólo está pendiente de que se fije fecha.

Palacios decidió abrir juicio oral en abril por apropiación indebida y/o administración desleal en relación con las indemnizaciones millonarias cobradas por el ex copresidente del SCH José María Amusátegui y el ex vicepresidente y ex consejero delegado Ángel Corcóstegui, en concepto de jubilación por su salida de la entidad.

La juez impuso a Botín, Amusátegui y Corcóstegui una fianza conjunta de 164 millones de euros. El auto notificado ayer a las partes también abre juicio oral por un delito fiscal, cometido en el ejercicio de 1988 o 1989, contra 28 clientes del banco que adquirieron cesiones de crédito, producto financiero de fiscalidad opaca que el Santander comenzó a comercializar en los años ochenta.

La juez extingue la responsabilidad a dos clientes fallecidos y a otros cuatro que han quedado exculpados por la reforma del Código Penal que entró en vigor el viernes.

Es ello, por lo que la juez rebaja de 36 a 30 delitos contra la Hacienda Pública y la cuantía de la responsabilidad civil exigida. A los 28 clientes contra los que se ha abierto juicio oral se les impone, en concepto de responsabilidad civil, la cuota defraudada por cada uno de ellos, entre los 726.171,08 euros que se reclama a uno por defraudación del Impuesto sobre Sociedades en 1989 y los 7.336.256,04 euros que se imponen a otro por la cuota del mismo arancel en 1988.

La entidad reitera que actuó dentro de la legalidad

El Santander Central Hispano (SCH) mostró su total desacuerdo con la decisión de la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios de abrir el juicio oral por el caso de las cesiones de crédito, según consta en un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la tarde de ayer . En concreto, el banco manifiesta en el escrito 'su total disconformidad con dicha decisión judicial, que ha sido dictada a petición únicamente de una acusación popular, carente de legitimación'. La entidad financiera que preside Emilio Botín añade que la decisión del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional se ha adoptado 'a pesar de la petición de sobreseimiento y archivo reiteradamente realizada tanto por el abogado del Estado, en representación de la Agencia Estatal Tributaria, como por el Ministerio Fiscal'. El abogado del Estado ha pedido hasta nueve meses el archivo de la causa a los largo del proceso, en tanto que el fiscal lo ha hecho en 17 ocasiones, según recuerdan fuentes jurídicas. Además, el banco sostiene que tanto el abogado del Estado como el fiscal 'se han manifestado, asimismo, a favor del sobreseimiento de las piezas de clientes respecto de las que se predica una supuesta participación del banco'. En el hecho relevante remitido a la autoridad bursátil, la entidad financiera reitera que actuó con 'absoluta legalidad' y recuerda que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reconoció en un auto fechado el 23 de junio de 2003 que 'la comercialización de este producto se desarrolló dentro de la más estricta legalidad, por lo que ningún reproche delictivo le es imputable por este concepto'.

Un pequeño resquicio en el Constitucional

El auto declara competente para juzgar los hechos descritos en el auto a la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional. El SCH tiene 10 días para presentar sus escritos de calificación, pero no puede recurrir. Fuentes jurídicas, sin embargo, creen que el Santander podría tener una penúltima posibilidad en el Constitucional, amparándose en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Una de las interpretaciones de su artículo 782.1 apunta a que cuando no hay acusación ejercida por el abogado del Estado y el fiscal y sólo existe acción popular, como en este caso, no se puede abrir juicio oral, un argumento que ha sido reiteradamente defendido por los abogados del banco en el caso. En este ocasión, la acusación popular la ejerce la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes, que solicita 180 años de prisión y multa de 46,266 millones para Botín y la misma pena y multa para Rodrigo Echenique, José Ignacio Uclés y Ricardo Alonso. La otra acusación popular personada la ejerce Iniciativa per Catalunya Verds, que solicita 116 años de prisión.