Un caso pendiente desde hace más de una década

Era la década de los pagarés del Tesoro, las primas únicas, la Deuda Pública Especial y de las cesiones de crédito. A finales de los años ochenta, en España había una cantidad de dinero aún hoy indeterminada invertida en productos financieros opacos a Hacienda o con una fiscalidad poco clara que propiciaba su nula tributación. El Banco Santander, hoy Santander Central Hispano, llegó a captar entre 1987 y 1991 unos 2.600 millones de euros mediante cesiones de crédito. No era el único.

A comienzos de los 90, la Agencia Tributaria dio el alto a las cesiones de crédito. El rendimiento que generaban al cliente del banco tenía que someterse a una retención del 25% que no se había practicado. El Banco Santander defendió que no había que realizar esas retenciones. Al final, se llegó a un acuerdo con Hacienda. La Abogacía del Estado, que desde 1992 había estado acusando a estas entidades en defensa de los intereses de Hacienda, paró sus actuaciones en noviembre de 1995. Desde entonces, los abogados del Santander insisten en que Hacienda ya no reclama nada.

Falsas identidades

Sin embargo, a finales de 1997, el fiscal Jesús Santos elabora un informe apuntando que la entidad había utilizado nombres falsos, de personas fallecidas y de ancianos, para ocultar la verdadera identidad de un grupo de inversores. No se trataba ya de haber aprovechado de una inversión compleja, sino de ocultar a sus auténticos titulares. El entonces Fiscal Jefe Eduardo Fungairiño, pidió en repetidas ocasiones que se retiraran estas acusaciones. Pero la juez de instrucción Teresa Palacios, que heredó el caso de Santos, decidió continuar con la investigación. Ya en junio de 2003, un auto de la Audiencia Nacional da vía libre a la juez Palacios para que pueda abrir un juicio oral contra Botín y a la cúpula del Santander. Eso sí, la Audiencia reduce de 138 a 38 los delitos fiscales imputados.

En estos años, como acusación particular se han presentado Rafael Pérez Escolar, ex consejero de Banesto, la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes (ADIC) y el partido Iniciativa per Catalunya. Las reiteradas peticiones de fiscalía de archivar el caso y el parón en 1996 de la Abogacía del Estado hicieron que en 2003, Adic denunciara al Estado español ante la Unión Europea.

Otras entidades, también salpicadas

 

 

El entresijo de las cesiones de crédito también salpicó a otras entidades financieras, a pesar de que estos productos financieros, que consisten en repartir entre varios el crédito acordado con otra persona o empresa, eran y son completamente legales. Para Hacienda esta inversión generaba en el cesionario una renta sometida a una retención del 25%, entonces, y del 15% en la actualidad. La opacidad del producto llevó a Hacienda a iniciar investigaciones sobre posibles operaciones fraudulentas, además de en el Santander, en La Caixa y en Bankinter. Sólo la primera prosperó. El antiguo BBV, por su parte, tuvo que pagar una indemnización de 277.174 euros a la sociedad Rimobel a la que recomendó invertir en cesiones de crédito sin advertirle que estos productos tributaban a Hacienda. Según el fallo del Supremo de 1988 el banco 'proporcionó información inexacta y no contrastada acerca del régimen fiscal aplicable a las cesiones de crédito'. El alto tribunal señaló que la compañía fue igualmente 'negligente' al fiarse de una información y no contrastarla, dado que la cuantía de la inversión ascendía a 1,15 millones de euros.

Las fechas

 

 

Del juez Moreiras a Palacios

 

1991El juez de Delitos Monetarios de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, ordena investigar al Santander por posible delito contra Hacienda.1992Moreiras acusa a Banco Santander de un delito de defraudación y le impone una fianza de más de 48 millones de euros. El banco recurre el auto al tiempo que presenta un aval por ese importe. Meses después, ya en enero de 1993, Moreiras rebaja la fianza a 21 millones de euros.1995En noviembre, Hacienda entiende que no se ha producido delito.1997El fiscal Jesús Santos hereda el caso y elabora un informe sobre falsas identidades presuntamente usadas por el banco para ocultar clientes. El fiscal jefe Fungairiño pide que se retire la acusación. La juez no acepta.2002La juez atribuye a Botín y la cúpula del Santander 138 delitos fiscales y uno de falsedad.2003Un auto de la Audiencia Nacional reduce de 138 a 38 los delitos fiscales y mantiene la falsedad documental. Se abre una puerta para un futuro juicio oral.2004La juez Palacios acuerda la apertura de juicio oral contra Botín, Echenique, Uclés y Clavel por una responsabilidad conjunta de 84,9 millones de euros.