Vivienda sacará al mercado seis millones de metros cuadrados de suelo público
Las primeras medidas del plan de choque de vivienda aprobado en julio se podrán contemplar en breve gracias a la salida al mercado de seis millones de metros cuadrados de suelo destinado a pisos protegidos.
La puesta de este volumen de terreno en el mercado se realizará a través de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo (Sepes), donde se estudia la agilización de proyectos de suelo residencial en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos. Dicha sociedad tiene ya en propiedad o en proceso de compra seis millones de metros cuadrados en diferentes puntos de la geografía nacional.
La ministra María Antonia Trujillo anunció ayer en el Congreso su propósito de contactar con diversas corporaciones locales para ofrecerles la posibilidad de construir en este suelo viviendas protegidas, con ayuda de las empresas públicas de suelo.
En la actualidad, hay en marcha diez desarrollos urbanísticos de este perfil impulsados desde el Ministerio de la Vivienda. Entre ellos figuran el de Ria 2000, en Bilbao; Vasco Mallacina, en Mieres; Fuerte de San Francisco, en Guadalajara; el puerto exterior de La Coruña; la Operación Campamento y la reorientación de Operación Chamartín, en Madrid. Alguna de estas actuaciones ya están en avanzado nivel de ejecución.
El ministerio ultima el borrador en el que se revisarán los criterios de valoración de suelo
Trujillo confirmó el compromiso de su Ministerio de promover el acceso a 180.000 viviendas cada año. Esta cifra supone aumentar en 71.000 el número de viviendas protegidas. De ellas, 30.000 irán destinadas a la compra y 41.000 al alquiler. De estas últimas, 10.000 serán viviendas protegidas de nueva construcción o de segunda mano adquiridas para ser cedidas en dicho régimen.
Fiscalidad pactada
El cambio en la fiscalidad de la vivienda, que afectará al IVA y al IRPF, entre otros impuestos, no será realidad hasta el año 2006 y en ningún caso será aislado ya que acompañará al grueso de la reforma tributaria prometida por José Luis Rodríguez Zapatero en su programa electoral de marzo.
La ministra Trujillo dejó ver ayer que el cambio de la fiscalidad de la vivienda será sometido a la consideración de las comunidades autónomas, los ayuntamientos y los agentes sociales, ya que una decisión estatal aislada restaría eficacia a la reforma por afectar a algunos impuestos transferidos.
El portavoz de Iniciativa per Cataluña, Joan Herrera, alertó del riesgo de que un enfoque demasiado generalista de las ayudas directas a la compra de vivienda incida, como lo han hecho las desgravaciones, en el aumento del precio final de los pisos.
El Ministerio de la Vivienda tiene bastante avanzado el borrador de la nueva ley del Suelo. Además de establecer un estatuto básico de los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la vivienda, articulará medidas contra la retención especulativa de suelos que incumplan su función social de urbanización y edificación, para facilitar su salida al mercado. Trujillo revisará también los criterios de valoración para evitar la anticipación especulativa de plusvalías.