EDITORIAL

El problema del suelo se agrava

La espiral del precio de la vivienda iniciada en 1998 llevó a políticos y expertos inmobiliarios a recomendar que se suprimiese la subasta de suelo público para frenar el encarecimiento de los solares. Sin embargo, la fórmula no era ni mucho menos infalible, como demuestran los datos recabados por este diario entre las grandes promotoras inmobiliarias.

Las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León y Extremadura, entre otras, han suprimido o limitado sensiblemente el mecanismo de subasta y lo han sustituido por el de concurso público. En otras como Andalucía y Canarias se opta por uno u otro método en función del tipo de suelo y su utilización futura. Pero ello no ha impedido que el precio del suelo de titularidad pública que sale al mercado siga subiendo como la espuma. En la Comunidad de Madrid, una muestra de 18 concursos realizados en los últimos meses revela un incremento del precio del 53% (muy superior al 17% de media que están subiendo las casas). Y los expertos inmobiliarios coinciden en que la dinámica es similar en muchas otras zonas del país.

Al parecer los concursos siguen primando el precio mucho más que otros factores como la calidad arquitectónica de los inmuebles que se van a levantar, los plazos de entrega o los criterios medioambientales. De hecho, en algunos concursos el precio tiene una ponderación de hasta el 80%, con lo cual nos encontramos prácticamente ante una subasta encubierta. Además, el precio de venta de un solar suele utilizarse como 'precio de salida' para el siguiente de características similares que sale a concurso. Algo que supone una clara invitación a que las cifras continúen su escalada de forma imparable.

Parece claro que los Ayuntamientos han encontrado la manera de sortear la aparente traba legislativa y seguir maximizando los ingresos obtenidos mediante la enajenación de suelo público. Y esto debe servir de aviso a la ministra de Vivienda, Maria Antonia Trujillo, en su campaña para frenar un boom inmobiliario que es visto cada vez con más alarma por los responsables políticos y económicos. El organismo que más ha alertado sobre este problema es el Fondo Monetario Internacional (FMI), que asegura en su último Informe de Perspectivas Económicas que España puede asistir a una 'caída brusca' en los precios de la vivienda con 'consecuencias severas para la actividad económica' del país.

Si las cifras sobre evolución del precio del suelo ponen algo en evidencia, es que ningún cambio en la normativa puede ser efectivo en esta materia si no existe una voluntad política firme que lo respalde. Para sacar adelante su proyecto, Trujillo necesitará aunar las voluntades de las distintas administraciones, sea cual sea su filiación política. Y contar con el apoyo del propio Ejecutivo socialista: no sólo del vicepresidente económico Pedro Solbes, sino también del ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, que tiene entre manos una reforma de la financiación de las corporaciones locales en la que el suelo juega un papel crucial.