El fuel del 'Prestige' busca un propietario
Una vez extraídas las 13.700 toneladas de fuel que permanecían en el Prestige, se abre un nuevo interrogante: ¿Quién es su propietario teniendo en cuenta que nadie lo ha reclamado? Los servicios jurídicos del Estado estudian el caso bajo la premisa de que quien se declarase dueño del crudo sería responsable subsidiario de la catástrofe.
Las labores de extracción del fuel del petrolero siniestrado hace casi dos años frente a las costas gallegas han tocado prácticamente a su fin. Unas 13.000 toneladas de fuel que Repsol ha extraído a lo largo de este verano del Prestige se encuentran en otro petrolero, el Odin, preparado para tomar rumbo a puerto. Llegado a este punto, el comisionado encargado de coordinar las labores de extracción ha trasladado al Gobierno una interesante cuestión legal: '¿A quién pertenece este fuel?'.
Fuentes de Repsol aseguran que, según la ley del mar, 'el propietario del crudo sería el armador', pero lo cierto es que nadie lo ha reclamado porque quien así lo hiciese se convertiría en responsable subsidiario de la catástrofe y debería pagar los daños correspondientes. La maraña de aseguradoras y reaseguradoras implicadas en el caso se está encargando de ocultar esta propiedad. Sin embargo, el Gobierno necesita una respuesta para dar una salida al combustible del Prestige. Para ello ha puesto a trabajar a los servicios jurídicos del Estado, que estudiarán las implicaciones legales que pueden tener las decisiones que se tomen.
En principio, el fuel no es del Estado porque éste no lo ha confiscado. Sin embargo, según algunas interpretaciones jurídicas, el combustible rescatado tiene una cierta toxicidad, por lo que el Estado tendría el derecho (y el deber) de acabar con ese residuo. Otras fuentes consideran que no se trata de un residuo, pese a su mala calidad.
Nadie reclama la carga porque sería responsable subsidiario
El Gobierno espera tomar una decisión a finales de este mes, fecha en la que se espera que el Odin llegue al puerto de A Coruña. Aunque se ha dado por hecho que la carga se destinaría finalmente a la refinería que Repsol tiene cerca de esta ciudad, la decisión todavía no se ha tomado, según indican en la empresa. Fuentes de la petrolera señalan que dejar el fuel en sus instalaciones tiene un coste, aunque se muestran dispuestos a aceptar las peticiones del Gobierno.
Una vez despejadas las dudas legales, se procederá a estudiar una solución técnica para buscar un destino para el combustible: o deshacerse de él o meterlo en el circuito una vez reciclado.
En Repsol consideran que el fuel extraído 'no es comercial pues no se puede destilar y está lleno de agua y arena'. Además, al tratarse de un producto de mala calidad es altamente corrosivo.
En la búsqueda de una solución técnica participarán el Ministerio de Medio Ambiente y la propia Repsol, que no descarta ser la destinataria del fuel que también ha extraído.
Una patata caliente para Medio Ambiente y Repsol
¿Y ahora qué? Ante la pregunta de qué va a hacer el Gobierno con el combustible rescatado del Prestige, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha asegurado que la decisión se tomará tras consultar a los técnicos de Repsol. En la petrolera que preside Alfonso Cortina están a la espera de recibir órdenes del Gobierno para proceder a una o varias soluciones.En cualquier caso, éstas se tomarán siguiendo criterios medioambientales, según fuentes del Gobierno, y no deja de ser una patata caliente para quien tenga que hacerse cargo de las 13.700 toneladas extraídas. Todavía quedan en el pecio la parte del combustible que está adherido a las paredes de los tanques, aunque éste se disolverá mediante un sistema en el que se utilizan bacterias.Repsol recibió el encargo del anterior Gobierno de dirigir y diseñar un proyecto para extraer el fuel de los tanques del buque hundido que transportaba, según los datos que se ofrecieron oficialmente en su día, más de 60.000 toneladas. Tras presentarse varias opciones, se optó por un sistema de lanzaderas rígidas.Repsol ha aportado tecnología y mano de obra gratuita en un rescate que le costará al Estado unos cien millones de euros.