COLUMNA

La demografía y el Pacto de Estabilidad

Uno de los pocos puntos de acuerdo en el debate sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en la UE es, según el autor, que Europa necesita un sistema de reglas fiscales que garantice el superávit a medio plazo para así hacer frente al 'shock' demográfico que se avecina

La Comisión Europea hará público próximamente -probablemente hoy mismo- un documento con sus propuestas de reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). Estas reformas están orientadas a paliar la perdida de credibilidad del Pacto y hacerlo más flexible, pero mantendrán los límites cuantitativos del 3% para el déficit y 60% para la deuda. Las posibles reformas, filtradas esta semana a la prensa, incluirán: Uno, la redefinición del concepto de circunstancias excepcionales, de tal forma que un periodo prolongado de crecimiento débil -no cuantificado como hasta ahora- sea suficiente para suspender la necesidad de mantener el déficit por debajo del 3%. Dos, otorgar un periodo de tiempo más flexible a los países que hayan superado el 3% de déficit. Tres, permitir un pequeño déficit a los países con menores niveles de deuda. Y cuatro, poner mayor énfasis en la evaluación mutua y menos en la amenaza de sanciones.

Estas propuestas son interesantes, y serán probablemente bien recibidas por los países miembros, pero siguen sin resolver el principal problema de la política fiscal en Europa: los incentivos. Se ha debatido mucho sobre las virtudes y defectos del PEC, y sobre si tiene sentido mantener un sistema de reglas y limites como el actual. A pesar de las múltiples opiniones encontradas, uno de los pocos puntos de acuerdo en el debate es que Europa necesita un sistema de reglas fiscales que garantice un superávit fiscal de medio plazo para así hacer frente al shock demográfico que se avecina. Europa envejece rápidamente, y en unas décadas los sistemas de pensiones y de salud no podrán garantizar el nivel actual de prestaciones. Parecería lógico, entonces, que los Gobiernos estuvieran preparando rápidamente planes para evitar este problema, sin necesidad de Pactos de Estabilidad cargados de sanciones y amenazas.

Relajar las condiciones del PEC mejorará su credibilidad a corto plazo, pero empeorará la resolución del verdadero problema, el 'shock' demográfico

El problema está en el conflicto de incentivos intergeneracional. Si no hay un aumento sostenido del crecimiento, o un drástico cambio de las tendencias demográficas, Europa se enfrenta a una guerra intergeneracional donde para dar a los padres (las pensiones prometidas) habrá que quitar a los hijos (de sus sueldos), y viceversa.

Uno de los artículos presentados en la reciente reunión de banqueros centrales organizada por la Reserva Federal en Jackson Hole hace un análisis interesante del problema (Ralph Bryant, Cross Border Macroeconomic Implications of Demographic Change, Brookings Institution). Comparando dos países con dos perfiles demográficos futuros diferentes -uno estable, el otro envejeciendo por una caída de la fertilidad- el resultado, como sería de esperar, es que el país envejecido experimenta un menor crecimiento agregado en el medio plazo. Pero, muy importante, el país envejecido, bajo ciertos supuestos que incluyen la existencia de mercados de capitales abiertos, experimenta un aumento del crecimiento per cápita. Por tanto, el bienestar de los individuos del país que envejece aumenta -en parte, porque pueden exportar parte de su problema al resto del mundo a través de la balanza de pagos y el tipo de cambio-. ¿Cual es el incentivo que tienen los ciudadanos del país que envejece? ¿Acometer reformas que les limiten su bienestar actual a cambio del bienestar de las generaciones futuras? Claramente no, ya que ellos están cada vez mejor y el envejecimiento les favorece -con cada vez menos hijos a su cargo, pueden disfrutar de un nivel de consumo superior-. Y como los jóvenes no votan hasta los 18 años, del bienestar de los menores no se encarga nadie.

Por tanto, los gobernantes tienen que cubrir este vacío y reformar a tiempo el Estado del bienestar. Y esto requiere en Europa reformas del sistema de pensiones acompañadas de un superávit fiscal de medio plazo que facilite su financiación de una manera estable. Por tanto, toda reforma de la estructura de política fiscal europea tiene que encaminarse hacia el endurecimiento, no la relajación, de los incentivos al ahorro público.

La práctica eliminación del mecanismo de disciplina de mercado con la introducción del euro pone toda la carga de la disciplina en los Gobiernos. Pero los Gobiernos tienen horizontes de decisión -electorales- mucho más cortos que el problema demográfico. Por ello un sistema de reglas fiscales es importante en Europa.

La actitud de algunos Gobiernos europeos supone pan para hoy y hambre para mañana, sobre todo en aquellos países con menores flujos migratorios. Según un informe recientemente publicado por el Eurostat, España e Italia se benefician de un flujo migratorio que compensa en cierta medida la bajísima tasa de natalidad. Francia tiene una tasa de natalidad alta y un buen flujo migratorio. Pero Alemania está estancada, y los nuevos miembros de la UE tienen una natalidad bajísima y un saldo migratorio típicamente negativo. Sin un compromiso firme de reformar los sistemas de pensiones -compromiso imposible de obtener, por cierto, ya que los Gobiernos actuales no pueden garantizar lo que harán sus sucesores dentro de unos años- relajar las condiciones del Pacto de Estabilidad mejorará la credibilidad a corto plazo del Pacto, pero empeorará la resolución del verdadero problema, el shock demográfico.