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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El copago de la sanidad

El equipo de Pasqual Maragall parece decidido a que Cataluña sea la primera comunidad autónoma en la que se imponga el copago de servicios sanitarios (con permiso de ERC). Un pago simbólico -se habla de un euro por consulta médica- que en absoluto serviría para costear los servicios prestados, pero sí puede ejercer una importante labor disuasoria ante la extendida costumbre de acudir al médico sin que sea estrictamente necesario. La idea es vista con buenos ojos por algunos altos cargos del Gobierno socialista, como el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y con recelo por otros como la ministra de Sanidad, Elena Salgado. Pero no debemos olvidar que la sanidad es un servicio transferido a las comunidades autónomas y que corresponde a éstas garantizar su calidad y sostenibilidad financiera.

Tiene razón Fernández Ordóñez cuando defiende que las regiones tengan mayor autonomía para imponer gravámenes con los que financiar los servicios transferidos. Pero también es cierto que las comunidades han pecado de cobardía política a la hora de aplicar medidas recaudatorias que ya tienen autorizadas. Entre las escasas excepciones está el 'céntimo sanitario' impuesto a la venta de hidrocarburos en comunidades como la de Madrid, para costear, precisamente, los servicios de salud. Resulta alentador ver que Cataluña también busca alternativas para introducir más racionalidad en el uso de los servicios públicos transferidos.

La única objeción razonable al copago en sanidad es la de que no puede ponerse en peligro el acceso de los ciudadanos con menos recursos a un servicio esencial. Pero un euro por visita parece un precio lo suficientemente bajo como para que no suponga una barrera infranqueable y, en caso contrario, siempre podrían aplicarse medidas correctoras. En cuanto a la posibilidad de que se produzca una brecha entre comunidades, ante las distintas alternativas de gestión del servicio público implantadas por éstas, es una consecuencia ineludible de un estado de las autonomías que ha sido refrendado por la mayoría de los españoles.

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