El plan para cumplir Kioto afectará a 1.100 plantas

El Gobierno presentó ayer el borrador del Plan Nacional de Asignación de emisiones de CO2 en el que se establecen varios criterios (emisiones históricas y previsiones) para otorgar derechos a las 1.100 instalaciones de cinco sectores afectadas por la directiva del comercio de emisiones.

En medio de una gran expectación entre las empresas afectadas por la directiva europea del comercio de emisiones de C02, los ministros de Industria, José Montilla, y de Medio Ambiente, Cristina Narbona, presentaron ayer el borrador definitivo del Plan Nacional de Asignación (PNA) que, el martes habían remitido, bajo embargo, a la Comisión Europea, para evitar que ésta abriera un expediente a España.

Las cifras totales y sectoriales del plan ya se conocían y faltaban por concretarse los criterios, según los cuales, se va a calcular qué derechos gratuitos va a recibir cada una de las instalaciones afectadas, que ascienden a 1.100. En el caso de la industria, la asignación individual se basa en las instalaciones durante el periodo 2000-2002 y en una asignación sectorial previamente determinada. En este caso, en el reparto se tendrá en cuenta el peso que las emisiones de la instalación hayan tenido en las de ese sector durante un periodo de referencia. Así, según indica el documento del Gobierno, 'la fórmula básica de asignación se fundamenta en una distribución prorrateada'.

Montilla, que calificó el plan como 'ambicioso y realista' recordó que, sobre las peticiones de derechos que habían hecho las empresas, el Gobierno otorga un 95%. Sin embargo, así como en el caso de la industria, donde el cálculo para la asignación individual es más objetivo, en el del sector eléctrico, el reparto para cada central se hará según las emisiones reales de medias históricas del periodo 2000-2002 (para las centrales de carbón y fuel), pero también según las previsiones de futuro en el caso de las centrales de ciclo combinado a gas que están en proyecto. Se utilizará incluso un cálculo mixto (emisiones pasadas y previstas) para los ciclos combinados que ya han entrado en funcionamiento. En este punto, los responsables del Gobierno no han especificado el método exacto para hacer el reparto de las 86,4 millones de toneladas anuales que recibirá el sector eléctrico, que equivalen a la media de emisiones de 2000 a 2003, menos un 3%. El resultado son los 86, 4 millones de toneladas anuales que recibirá en el periodo de prueba de la directiva que ya se anunció hace dos semanas.

Canarias y Balerares recibirán todos los derechos por no tener acceso al gas

El documento fija, sin embargo, dos criterios para la distribución de los derechos: uno de tipo geográfico y otro tecnológico. En el primer caso, se ha decidido la asignación de derechos 'por la cantidad total de emisiones reales' que se produzcan en las centrales de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, al margen del combustible que utilicen. Todos ellos son mercados regulados que, en el caso de las islas no tienen acceso al gas natural.

En cuanto al llamado criterio tecnológico, el reparto se hará bajo la consideración de que hay instalaciones que van a reducir su oferta (producción) entre 2005 y 2007: centrales de fuel que van a ir desapareciendo progresivamente; las de carbón con más de 25 a 30 años que ya han consumido buena parte de su vida útil; las que, por aplicación de otras exigencias medioambientales no tengan prevista ninguna inversión para reducir la contaminación y las centrales térmicas menos eficientes.

Por el contrario, se considera que van a incrementar su participación las centrales térmicas a gas de ciclo combinado. Estas plantas recibirán permisos en función de 'previsiones razonables', según el secretario general de la Energía, Antonio Fernández Segura.

Alegaciones

Las empresas afectadas y cualquier ciudadano pueden presentar sus alegaciones sobre el PNA en la Oficina del Cambio Climático hasta el próximo 19 de julio. Además, el ministerio mantendrá reuniones con las empresas y organismos implicados.

Afloran nuevas emisiones no contabilizadas

Una de las razones por las cuales el Gobierno no ha procedido a hacer la adjudicación para cada una de las plantas afectadas es que 'han aflorado emisiones que no estaban en los inventarios ni de los sectores ni de la Administración', indicó ayer el secretario general para la Prevención del Cambio Climático, Arturo Gonzalo. Se trata del sector de la cal y el ladrillo.Por esta razón, añadió 'nos parece poco prudentes hacer las asignaciones cuando hay discrepancias en los inventarios. Debemos hacerla con información de máxima calidad'.El documento remitido a Bruselas incluye un listado con la relación de las 1.100 plantas afectadas por la directiva y, entre otras cuestiones, incluye cómo se han de solicitar las autorizaciones, que corresponde a las comunidades autónomas y cómo funciona el registro de emisiones, que compete al Ministerio de Medio Ambiente. Su titular, Cristina Narbona, insistió en la 'gran comprensión que ha mostrado la Comisión Europea en el caso de España'.