Rusia acentúa el acoso sobre Yukos con otra demanda fiscal
La presión sobre Yukos va a más. Dos días después de que un tribunal exigiese al grupo el pago de 2.800 millones de euros por una deuda fiscal en el año 2000, el Gobierno reclama otra factura de igual importe por el ejercicio 2001. Funcionarios han ordenado congelar sus cuentas, lo que puede paralizar sus operaciones.
El Gobierno de Putin ha puesto a Yukos contra las cuerdas. Según la agencia de noticias rusa Interfax, el ministerio de Hacienda ha presentado una nueva demanda contra la petrolera, exigiéndole el pago de 3.400 millones de dólares (2.800 millones de euros) en concepto de deudas fiscales por el año 2001, casi la misma suma que un tribunal autorizó hace dos días a cobrar por el ejercicio 2000. La empresa ya ha advertido que el pago inmediato de la penúltima factura supondría su suspensión de pagos.
La acción retrocedió un 9% tras conocerse la noticia. Antes, la compañía confirmó que funcionarios judiciales armados visitaron la sede de la petrolera para notificarle la orden de pago de los 2.800 millones relativa al año 2000 y le dieron cinco días para hacer frente a su deuda. Yukos señaló que no ha recibido aún la demanda sobre las factura de 2001.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no hizo ninguna declaración sobre el proceso en la reunión con empresarios celebrada ayer. Unas semanas antes, Putin dijo que se oponía a la quiebra del grupo petrolero, cuyo principal accionista, Mijail Jodorkovsky, está encarcelado desde octubre acusado de evasión de impuestos y fraude. El juicio, que debía comenzar hace un mes, se ha retrasado hasta el 12 de julio.
La decisión de hace dos día de los tribunales de respaldar al Gobierno en su demanda contra Yukos deja en manos del Ejecutivo la posibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial con la petrolera que evite su quiebra. Algunos analistas sostienen que el Kremlin quiere forzar la desintegración de la compañía y la venta de sus activos.
Los funcionarios que se presentaron ayer en las oficinas Yukos solicitaron un inventario de las propiedades de la empresa. Fuentes judiciales señalaron que, en caso de que la petrolera no pague su deuda en cinco días, las autoridades pueden ir entonces a por los activos de Yukos. La compañía señaló ayer que cuenta con documentos que justifican sus derechos sobre un 35% del capital de Sibneft, petrolera con la que se fusionó para posteriormente romper el acuerdo ante la presión del Estado.
Un año de asedio y cinco días para pagar
Hace un año, la Fiscalía rusa comenzaba la operación de acoso contra Yukos, primero contra sus principales responsables, y posteriormente contra la propia empresa. El entonces presidente de la firma, Mijail Jodorkovsky, y sus colaboradores eran investigados por fraude en la privatización de algunas de las empresas en las que eran accionistas. Meses después, en octubre, Yukos acordó la fusión con Sibneft para reforzar su posición, lo que fue considerado una provocación. Desde entonces, la presión ha ido en aumento. El Estado acusa a la petrolera de evasión fiscal, ha embargado sus capital y congelado sus activos, lo que ha puesto al grupo al borde de la quiebra. Los sucesivos recursos judiciales de la empresa contra las decisiones del Gobierno han sido desestimados. Ahora, Yukos tiene cinco días para pagar la deuda de 2.800 millones.