Endesa reclama que el 75% de los derechos del plan de asignación sean para el carbón

Endesa ha pedido al Gobierno que, de los 86 millones de toneladas de C02 que ha asignado al sector eléctrico, 65 millones sean para las centrales de carbón peninsulares. Del resto, 11 millones deben ir a las islas y 10 millones, a ciclos combinados y fuel. La petición contrasta con la de Iberdrola, que pide para el carbón 46 millones y 28 millones para el gas.

Endesa junto con sus aliadas frente al Protocolo de Kioto (Unión Fenosa, Cantábrico y Viesgo) han pedido al Gobierno que otorgue derechos por 65 millones de toneladas de CO2 a las centrales de carbón peninsulares, lo que representa un 75% del total de toneladas, 86 millones, que el primer borrador del Plan Nacional de Asignación (PNA) establece para todo el sector eléctrico. El resto debería ir a parar a las centrales de ciclo combinado de gas y fuel (10 millones de toneladas) y a las de los archipiélagos (11 millones).

Frente a estas peticiones, fuentes del sector señalan que Iberdrola, Gas Natural y otras cuatro compañías de reciente incorporación al mercado (Electrabel, Bahía de Bizkaia, AES y la irlandesa ESD) reclaman un reparto muy diferente: 46 millones de toneladas para el carbón, el 40% del total; 28 millones para los ciclos combinados y 13 millones para las islas.

Estas diferencias de valoración surgen porque ambos grupos de empresas utilizan criterios distintos de cálculo que son los que piden que el Gobierno aplique para proceder al reparto por instalación. El liderado por Endesa quiere que se calcule teniendo en cuenta los llamados derechos históricos (las emisiones de los últimos años), mientras que Iberdrola y las demás piden que se haga en función de las previsiones de emisión futura.

Galán solicita para los ciclos combinados 28 millones de toneladas

Borrador definitivo

En la reunión que las compañías del sector mantuvieron el pasado viernes con los secretarios generales de Energía, Antonio Fernández Segura, y del de Prevención del Cambio Climático, Arturo Gonzalo, dejaron claras sus posiciones. No obstante, las empresas deben enviar por escrito y en un plazo breve sus peticiones instalación por instalación. El Gobierno prometió la semana pasada que el 1 de julio tendría listo el borrador definitivo en el que fijará los criterios de cálculo y lo someterá a información pública, tal como obliga la directiva sobre el comercio de emisiones, antes de remitirlo a Bruselas antes del 1 de agosto.

Tras el posicionamiento del viernes, los responsables de Iberdrola, aseguran que 'se ha roto el mito de estábamos solos', pues son seis empresas las que solicitan derechos sobre estimaciones futuras. Al parecer, una de éstas compañías amenazó al Gobierno con retirarse del mercado si no recibía derechos.

Sin embargo, según fuentes de Endesa, aunque las eléctricas enfrentadas a Iberdrola son sólo cuatro, 'representan el 70% del sector y el 90% de las emisiones'.

Las empresas afectadas descartan que el Gobierno vaya a modificar en el borrador definitivo la cifra de asignación de 86,4 millones de toneladas anuales entre 2005 y 2007, pese a que reconoce que se van a emitir 94 millones. Sin embargo, las empresas esperan beneficiarse de los derechos que corresponderían a Elcogás, que emite 1,6 millones de toneladas, y que queda fuera de la directiva por tener la consideración de centro de investigación.

Iberdrola se apoya en algunos PNA europeos, como el de Portugal e Italia, para exigir derechos según previsiones, algo que rechazan en Endesa. Las empresas alineadas con la primera compañía eléctrica consideran que si no se fija el criterio objetivo de los derechos históricos que recomienda la directiva de comercio de emisiones se incurrirá en medidas discrecionales, que serán más fáciles de impugnar.

Pizarro pide 'neutralidad' en la aplicación

El presidente de Endesa, Manuel Pizarro, pidió ayer que la aplicación del Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión 'sea neutral' y que 'nadie saque ventaja'. Según Pizarro, Endesa no tiene aún 'elementos de juicio' para calcular el impacto del plan en sus cuentas ni para saber si el reparto de emisiones va a suponer una subida de las tarifas eléctricas. Asimismo, abogó por que todos los países, y no sólo los de la Unión Europea, ratifiquen el Protocolo de Kioto.