Alto a las bajas laborales

España siempre ha tenido un número de pensiones de invalidez y prestaciones de incapacidad propias de un país en posguerra, más aún si se tiene en cuenta su población ocupada. Las autoridades de la Seguridad Social siempre han sospechado, las más de las veces con buen criterio, que una parte no despreciable de este tipo de pensiones no respondía a criterios objetivos.

Su idea es que las cifras encubrían centenares de situaciones fraudulentas, utilizadas por los particulares para disponer de una fuente de renta de garantía pública y por las empresas para resolver situaciones de crisis sin coste alguno. De hecho, una de cada tres bajas laborales por incapacidad revisadas por los médicos de la Seguridad Social se corrigen. Trabajo necesita mucha mano izquierda para evitar que siga acudiéndose a estos mecanismos y buscar salidas paralelas aceptables para las empresas en situaciones críticas.