Lucha contra la morosidad

El Consejo de Ministros remitió ayer al Parlamento un anteproyecto de ley que recoge un conjunto de medidas para luchar contra la morosidad comercial, tanto entre empresas como entre empresas y Administración. La norma, que entrará en vigor el 1 de enero de 2007, cubre el vacío legal generado por la no transposición de la directiva comunitaria que regula esta materia y que debía haberse puesto en marcha en agosto de 2002.

La medida más llamativa de las que se incluyen en el texto es la aplicación de un elevado tipo de interés sobre la cantidad adeudada como castigo. En concreto, se fija en el tipo legal establecido por el Banco Central Europeo (BCE), más siete puntos porcentuales. En estos momentos, ese tipo sería del 9%.

El documento aprobado ayer por el Gobierno no sólo se detiene en la morosidad, sino que también repara en la duración de los aplazamientos de pago. La norma señala que los aplazamientos de los productos de alimentación frescos y perecederos no deberán sobrepasar en ningún caso los 30 días a partir de la fecha de entrega y recepción de la mercancía. Para el resto de las situaciones, el plazo es de 60 días. Esos 60 días también son aplicables a la Administración. En este supuesto, el contador se pone en marcha con la expedición de las certificaciones de obras.

El proyecto ha sido, en general, bien recibido por los distintos actores económicos afectados. La principal crítica estriba en la fecha de entrada en vigor, por ser demasiado tardía. En cualquier caso, todas las normas que ayuden a clarificar las reglas del juego han de ser bienvenidas. En esta oportunidad, además, beneficia claramente a las empresas de menor tamaño. Las pymes son las que más sufren los efectos de la morosidad y los aplazamientos, debido a que tienen una estructura financiera más débil y a que inevitablemente están al final de la cadena de las subcontrataciones, especialmente de obras públicas.