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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Amenaza de apagón del móvil

Ciudades tan importantes como Barcelona, Valladolid, Zaragoza o Córdoba sufren ya significativas pérdidas de calidad y cobertura en sus servicios de telefonía móvil debido al rechazo de amplios sectores de la población y de sus ayuntamientos a la instalación de las antenas que hacen posible el tráfico de las señales. Los tres operadores (Telefónica Móviles, Vodafone y Amena) han hecho frente común ante este conflicto, insertando anuncios en la prensa y radio locales de Valladolid para advertir a sus ciudadanos de que, si continúa el levantamiento de repetidores, el deterioro del servicio puede empeorar. Expertos de las compañías y de los fabricantes afirman que en esas poblaciones la transmisión vía móvil se realiza ya en condiciones límite y que, en cualquier momento, se puede producir un apagón en el servicio.

El conflicto se extiende mucho más allá de estas cuatro capitales. La inmensa mayoría de los grandes municipios, con excepción de Madrid y las dos capitales extremeñas, llevan dos años sin conceder una sola licencia para instalar nuevas antenas. Y esto ocurre en un momento en el que el nuevo móvil UMTS está en proceso de despliegue y los técnicos aseguran que se necesitan instalar 1,5 antenas nuevas por cada una de las 28.000 que ya existen.

A estas alturas del desarrollo de la tecnología móvil, no parece lógico que sigan existiendo dudas sobre si las antenas suponen un peligro para la salud. Y en un mercado globalizado y con normas de calidad tan estandarizadas, cabe preguntarse por qué son consideradas peligrosas en unos municipios y no en otros. Además, resulta inadmisible que cada comunidad autónoma o cada ayuntamiento establezca su propia norma.

Si no queremos perder el tren de las comunicaciones móviles, el único de la Sociedad de la Información en el que España está entre los países punteros, es preciso alcanzar un consenso entre las compañías y las distintas administraciones públicas que incluya, además, un compromiso claro y ejecutable sobre las inversiones a realizar por las operadoras.

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