El PSOE planea aplazar y reformar la liberalización ferroviaria
Por ejemplo, se estudia la posible creación de un holding del que dependan los dos nuevos entes que nacen: Renfe Operadora y Adif.
Los técnicos del nuevo partido gobernante consideran inviable separar con garantías de eficacia las infraestructuras ferroviarias respecto de la operación del servicio en el mes y medio que queda para alcanzar la fecha de salida de la liberalización fijada por la Ley Cascos.
La falta de tiempo material para completar y ratificar en las Cortes el marco jurídico que requiere el proceso, más aún tras el cambio de Gobierno, y las dudas sobre la viabilidad del nuevo modelo, sobre todo a la hora de garantizar la explotación y la seguridad ferroviaria, son los dos elementos clave que, a juicio del partido que dirige Rodríguez Zapatero, deben propiciar la moratoria de siete meses, según distintas fuentes solventes cercanas al partido.
El Partido Socialista comparte las líneas básicas del esquema liberalizador del PP
La fecha de segregación estaba en cuestión antes de las elecciones
La entrada en vigor de la segregación de Renfe y la fusión de sus divisiones de infraestructura con el GIF el 18 de mayo ya se había puesto en cuestión antes de que se produjera el cambio de mayoría parlamentaria por los propios técnicos del Ministerio de Fomento. Ahora, tras la victoria del PSOE, los gestores de Renfe en funciones y los expertos de la dirección socialista están ya persuadidos de que el retraso es inevitable.
Los cuerpos normativos vinculados a la ley que todavía están pendientes de aprobación son el reglamento de la ley, los estatutos del Adif y de Renfe Operadora y la orden ministerial por el que se aprueban los cánones de circulación.
Las fuentes consultadas señalan que si el retaso de la entrada en vigor de la ley fuera a ser de unas semanas, la situación de ilegalidad provisional podría ser soportable.
Sin embargo, se estima que el aplazamiento de la entrada en vigor se alargará varios meses, lo que obliga a formalizar el retraso por medio de un decreto ley, que extienda la vacatio legis de seis meses prevista en la Ley Ferroviaria aprobada en noviembre.
Aunque existen distintas opiniones sobre el tratamiento de la situación dentro del PSOE, el nuevo partido del Gobierno comparte las líneas básicas del esquema liberalizador diseñado por el PP.
Sin embargo, existen diferencias sustanciales sobre el esquema y las garantías para abordar el proceso. Además, existen tres recursos de inconstitucionalidad sobre la ley presentados por comunidades autónomas de Ejecutivos socialistas, entre ellas Cataluña y Castilla-La Mancha. Su reclamación se refiere a las competencias de regulación y operación en su territorio. El futuro nuevo Gobierno tratará de que se retiren esos recursos modificando la ley.
Para hacer los retoques de forma se utilizará el trámite de aprobación del reglamento de la Ley Ferroviaria, de los Estatutos del Adif y de Renfe Operadora y de la orden ministerial sobre los cánones.
Para abordar las reformas de fondo se ha previsto utilizar la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2005.
Reformas para una ley recién estrenada
Las reformas a la ley que en el PSOE se considera imprescindible introducir son de distinto ámbito. Abarcan desde aspectos económicos a operativos y legales. 1. El modelo económico: especialmente sensible es el tema del saneamiento de la deuda de Renfe, que supera los 7.000 millones, y su asignación, aspectos que todavía no había definido el anterior Gobierno. El PSOE en la oposición se mostró muy critico con el planteamiento del PP de no dar una solución clara al tema de la deuda histórica de Renfe. Tampoco se ha definido la fórmula para financiar las millonarias compras de trenes de las últimas semanas y su impacto en la viabilidad de la operadora.2. Mejora de la función reguladora por parte del Adif y de los futuros órganos de supervisión adscritos al ministerio. También se quiere reformar la función de inspección sobre los operadores, tanto Renfe como las empresas entrantes.3. Posible creación de un holding del que dependerían las dos empresas que resultarán del proceso establecido por la ley: el Adif y Renfe Operadora. En el PSOE hay quien piensa que es necesario adoptar esta fórmula al menos durante un periodo de cinco o seis años, hasta que sea realmente posible el nacimiento de empresas ferroviarias privadas que puedan competir con Renfe. Otros socialistas, por el contrario, entienden que el proceso de segregación está ya muy avanzado y que sería poco aconsejable dar marcha atrás.