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La nueva administración

1.212 altos cargos se preparan para la diáspora

La derrota inesperada del PP en las elecciones del 14-M va a tener como consecuencia inmediata la salida de la Administración central y de sus organismos autónomos de más de un millar de altos cargos que en los últimos años han desempeñado puestos de responsabilidad bajo la supervisión de los ministros nombrados por José María Aznar. Además, verán peligrar su actual status parte de los 12.385 efectivos que tienen carácter eventual, muy en particular los que ocupan destinos de confianza y de libre designación.

Antes de llegar al Gobierno en 1996, el PP centró buena parte de sus ataques al PSOE en la proliferación de altos cargos, denuncia que llevó a José María Aznar a prometer una importante reducción del número de asesores y de personal de confianza política que trabajaba en la Administración central. La promesa quedó en agua de borrajas, según constata el que ha sido portavoz en los últimos años de Administraciones Públicas en el Grupo Socialista, Ángel Martínez Sanjuán. 'El PP se llenó la boca de demagogia en la oposición, donde llegó a hablar de que teníamos más de 15.000 altos cargos. La experiencia de los últimos ocho años demuestra que durante los dos Gobiernos de Aznar no sólo ha crecido el número de estos altos cargos, sino que, además han surgido numerosos organismos públicos que se han desgajado de la administración central donde, además de proliferar los altos cargos, se han pagado favores a múltiples ejecutivos'. El diputado riojano pone dos ejemplos: 'En cada Confederación Hidrográfica se ha creado una sociedad de gestión de las que se han responsabilizado gerentes con contratos blindados. Otro: al ex delegado del Gobierno en el País Vasco Enrique Villar se le ha buscado una agregaduría nueva en la embajada española en Lisboa con un sueldo bruto anual de 17 millones de las antiguas pesetas'.

El PP pide ahora un pacto

Su homólogo en el PP, Juan Manuel Albendea, tiene otra visión de las cosas: 'Lo importante no es tanto si hemos bajado o no el número de altos cargos durante el tiempo en el que hemos gobernado, como el hecho evidente de que hemos reducido globalmente los gastos de personal en la Administración pública, junto a los gastos corrientes. Es complicado reducir los altos cargos porque cada Gobierno tiene una estructura en la cabeza, pero sí convendría un pacto entre los dos principales partidos para reducir el número de puestos de confianza de subsecretario para abajo', mantiene.

La foto de la realidad se refleja en el anexo de personal de los Presupuestos generales del Estado para este año, donde se constata que de los 543 altos cargos con los que trabajó la Administración socialista hasta 1996, se ha pasado a 489, si bien a ellos hay que añadir otros 723 de confianza política y libre designación que, en su mayoría, ejercen como asesores ministeriales. La ampliación de la elite de la administración central también se intensificó, sobre todo, entre 1996 y 1998, con el acceso de 1.200 nuevos funcionarios de niveles 29 y 30. Después de la segunda victoria electoral de José María Aznar en 2000, la Administración central vio incrementados en un 10% el número de altos cargos, con respecto a la primera legislatura del PP.

El Ministerio que más altos cargos acumula es el de Administraciones Públicas, seguido de los de Justicia y Presidencia. El departamento que más personal eventual suma es, con diferencia, el de Educación.

Aparte de los ministerios, están las instituciones estatales y los organismos autónomos. Entre las primeras figuran el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado y el Consejo del Poder Judicial. Las tres albergan más de un centenar de altos cargos y personal de libre designación que puede ser relevado cuando se forme nuevo gobierno.

En los Presupuestos ahora vigentes hay contabilizados también 80 organismos autónomos dependientes de los distintos ministerios. Van desde el Servicio Militar de Construcciones, adscrito a Defensa, que tiene contratadas a 22 personas con carácter eventual, hasta el Fondo de Explotación de Servicios de Cría Caballar y Remonta, que tiene contratados a 42 eventuales.

El 80% del sueldo en los dos años posteriores al cese

Los ministros y secretarios de Estado que cesen con la constitución del nuevo gobierno podrán beneficiarse durante los dos próximos años del 80% del sueldo y también de los ingresos que obtengan como diputados, en el supuesto de que hayan conseguido escaño. Ambas percepciones no son incompatibles aunque provengan del erario público. Es, de alguna forma, la compensación que se les ofrece a los altos cargos cesantes por las limitaciones profesionales que les impone la ley de Incompatibilidades del año 1995.La norma obliga a que durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos no puedan realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo. Tampoco podrán celebrar durante este mismo periodo contratos de asistencia técnica, de servicios o similares con las administraciones públicas.La ley establece para el alto cargo cesante la prohibición de intervenir en actividades privadas directamente relacionadas con las competencias del cargo ocupado, incluso en el supuesto de que se renuncie a la indemnización en el momento del cese o a cualquier otro tipo de prestación compensatoria.Los cesados tendrán que remitir al registro de actividades una comunicación con la ocupación que se propongan realizar, con el fin de que pueda haber un control público sobre las incompatibilidades.Bajo el ámbito de aplicación de esta norma se encuentran los ministros, sus directores de gabinete, los secretarios de Estado, los subsecretarios, los secretarios generales de los distintos ministerios, los delegados del Gobierno, los directores generales y los jefes de misiones diplomáticas. Este régimen de incompatibilidades afecta también al director general de RTVE, a todos los órganos directivos del Consejo de Seguridad Nuclear, al presidente y los vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia, a los máximos responsables del Instituto de Crédito Oficial.

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