El relevo de los altos cargos
Un cambio de partido en el Gobierno lleva aparejado todavía el relevo de miles de altos cargos y puestos de confianza en la Administración pública a pesar del adelgazamiento institucional y funcional del Estado tras el traspaso de las transferencias a las comunidades autónomas y el proceso de privatizaciones de los últimos años. Algo más de 1.200 personas que desempeñan funciones ejecutivas como altos cargos en el Gobierno abandonarán sus puestos en el próximo mes, tras la designación del nuevo Ejecutivo. Pero tras ello saldrán de la Administración, en las ulteriores semanas, otras 12.400 personas que han ejercido labores ejecutivas o de asesoramiento, pero que accedieron a sus despachos con la fórmula de la libre designación propia del 'personal de confianza'. Las cifra da idea del clientelismo vigente, que el PP ha aumentado a pesar de haberse comprometido electoralmente a combatirlo.
La ley cuida de los cesantes en lo que atañe a la cadena de directores y secretarios generales, subsecretarios y ministros, con una remuneración tasada y un régimen estricto de incompatibilidad durante 24 meses. Sin embargo, el resto de la plantilla 'política' que abandona la administración deja su empleo sin ningún mecanismo de filtro competencial para sus ulteriores actividades. Y en muchos de los casos no estaría de más establecer una red de seguridad en paralelo para evitar contaminación entre lo público y lo privado, ya que la experiencia muestra que el 'pago de favores' está a la orden del día.
Convendría, por consiguiente, y en orden a dignificar la actividad política atar en corto la disposición a cruzar de acera sin respetar el semáforo y el paso cebra. Buen gobierno y responsabilidad corporativa también en la Administración. Hay que consolidar de una vez por todas un cuerpo funcionarial competente profesionalmente, austero pero bien pagado, ajustado en dimensión y respetado por la ciudadanía, que pueda sacar adelante las políticas impuestas por cualquier Gobierno elegido democráticamente.