El próximo Gobierno endurecerá la Ley de Incompatibilidades
Entre las medidas que planteará el próximo presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para introducir mayor transparencia en la gestión pública figura el endurecimiento de las normas de incompatibilidades que afectan a los parlamentarios y altos cargos de la Administración, incluido el personal de confianza política y libre designación.
El nuevo Gobierno socialista se propone ampliar el ámbito de aplicación de la Ley de Incompatibilidades a los presidentes y miembros de los organismos reguladores y de supervisión y, en particular, al presidente y a los miembros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y de la Comisión Nacional de la Energía. Los componentes del Tribunal de Defensa de la Competencia ya estaban incluidos en la norma ahora vigente.
En la mente de los nuevos gestores está también extender el régimen de incompatibilidades de altos cargos a los presidentes de empresas cuya gestión esté controlada por el Estado, con independencia del porcentaje de participación pública en su capital social. Es intención del próximo Gobierno precisar más de lo que lo hace la actual norma la incompatibilidad del alto cargo para desarrollar actividades o prestar servicios profesionales de carácter privado relacionados directa o indirectamente con las competencias de la responsabilidad ejercida, con las decisiones adoptadas en el desempeño de la misma o con los expedientes en cuyo despacho hubiere intervenido durante su ejercicio. La prohibición incluirá la celebración de contratos de asistencia técnica, de servicios o similares con las Administraciones Públicas.
La declaración de actividades públicas y de patrimonio será mucho más exigente tras la reforma
En buena lógica, el endurecimiento de estas incompatibilidades no afectará a los altos cargos que dentro de unas semanas cesarán cuando tome posesión el nuevo Gobierno ya que la ley no podrá tener en ningún caso efectos retroactivos. De ahí que los actuales 15 ministros, 22 secretarios de Estado, 15 subsecretarios y 72 secretarios y directores generales vayan a poder atenerse a la actual regulación, que data de 1995.
Participaciones en empresas
Cuando se reforme esta norma, entrará en vigor la prohibición de que los altos cargos o sus cónyuges o parejas de hecho tengan participaciones superiores al 10%, de forma directa o indirecta, en empresas que dispongan de conciertos o contratos de cualquier naturaleza con el sector público. Esta prohibición alcanzará también al mantenimiento de las participaciones, superiores al 10%, en aquellas compañías que reciban subvenciones públicas.
En aras de una mayor transparencia, el próximo Ejecutivo incluirá en la reforma de la ley la obligación para los altos cargos de declarar no sólo las actividades que desempeñen en el momento del nombramiento, como ocurre ahora, sino también las que hubieren ejercido en los cinco años anteriores al acceso a dicha condición. Dicha obligación se extenderá a la declaración de las actividades públicas y privadas que vayan a desempeñar una vez hayan cesado en el cargo. A todas estas medidas, en parte defendidas en la anterior legislatura por el diputado socialista Ángel Martínez Sanjuán, se opuso en nombre del Gobierno el ministro de Administraciones Públicas y, después, vicepresidente Javier Arenas.
En la nueva regulación de las incompatibilidades que defiende el PSOE, la declaración de bienes y derechos patrimoniales no será sustituible por la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio y, en todo caso, deberá realizarse mediante la cumplimentación de los modelos que se establecerán para ello. Esta declaración de bienes deberá comprender la valoración íntegra de los mismos con independencia de cual sea el régimen económico del matrimonio. Dicha declaración deberá incorporar una relación exhaustiva del objeto social de las empresas o sociedades en las que el alto cargo, su cónyuge, pareja de hecho e hijos menores o personas tuteladas tengan intereses o participaciones, así como de las empresas participadas por aquellas.
Es propósito del próximo Gobierno facilitar el acceso a estas declaraciones de las comisiones de investigación que se puedan constituir en el Congreso para indagar en casos determinados.
Los antecedentes del PP más dudosos
Luis Ramallo, CNMVEl ex diputado del PP y ex vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores hasta octubre de 2000 Luis Ramallo, intermedió ocho meses después de dejar el cargo en el intento de compra de Gescartera por parte de una entidad financiera extranjera, operación que resultó fallida. Dicha sociedad de bolsa fue intervenida por la propia CNMV en junio de 2001 tras detectarse graves irregularidades.G. hernández, TesoroEl fichaje por parte del Banco Pastor de la ex directora general del Tesoro Gloria Hernández se vio rodeado en julio del año pasado de cierta polémica pese a que el dictamen elaborado en su día por el Ministerio de Administraciones Públicas no puso obstáculos a este trasvase al sector privado. Con anterioridad había pasado a la CECA el que fuera responsable de Legislación del Tesoro, José María Méndez.Pilar González, SegurosEl trasvase desde la Dirección general de Seguros hasta la patronal del sector, Unespa, protagonizado por Pilar González de Frutos, dio también que hablar a finales del año 2002. Entre el cargo público y la responsabilidad privada transcurrieron sólo siete meses. Desde la citada Dirección General se había elaborado el reglamento de la ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, entre otras normas.Arias-Salgado, FomentoEl ex ministro Rafael Arias-Salgado, responsable de la cartera de Fomento en el primer Gobierno de José María Aznar, accedió a la presidencia de Carrefour a finales del año 2000, meses después después de abandonar su cargo oficial. Este paso tan rápido a la empresa privada, que fue precedido de la ocupación de un escaño en el Congreso tras las elecciones de 2000, fue criticado por la oposición parlamentaria.