La CNE denuncia a Iberdrola y Endesa por la tarifa verde
La Comisión Nacional de la Energía ha remitido al Servicio de la Competencia y al Instituto Nacional de Consumo la tarifa verde que ofrecen Iberdrola y Endesa. El regulador entiende que estas ofertas suponen competencia desleal y que las empresas falsean la realidad con publicidad engañosa.
El expediente informativo que la CNE abrió el pasado 30 de octubre para investigar la legalidad de la venta de energía verde por parte de Endesa, Iberdrola y la pequeña comercializadora Electra Norte, se ha cerrado con un informe del que se desprende que éstas compañías no incumplen la ley eléctrica. Sin embargo, el regulador ha puesto el caso en manos del Servicio de Defensa de la Competencia y del Instituto Nacional de Consumo porque otorga una ventaja competitiva a las empresas que ofrecen esta tarifa y porque las campañas de publicidad pueden inducir a error a los consumidores.
La CNE, que considera urgente la transposición de la directiva europea sobre promoción de electricidad procedente de fuentes de energías renovables, entiende que los clientes pagan un sobreprecio y, a cambio, 'no reciben ninguna contraprestación, en términos de energía física suministrada'. Porque, 'el suministro físico directo y exclusivo de una determinada central es técnicamente imposible, salvo que existiera una línea directa entre el productor y el consumidor', En otras palabras, 'el consumidor paga más por lo mismo'.
Los certificados verdes que reciben los clientes son un mecanismo 'de ayuda indirecta' o subvención a la inversión que reciben las energías renovables que, por otro lado, ya están primadas.
De proliferar así este negocio, la Comisión que preside Pedro Meroño, entiende 'que podría plantearse una revisión del mecanismo actualmente vigente de fomento de energías de régimen especial'.
Caso por caso
Tras recabar la información facilitada por las tres eléctricas que admiten haber desarrollado campañas publicitarias para ofrecer energía verde, la CNE analiza caso por caso.
En el de Iberdrola, los contratos (que superan ya los 1.500) incluyen el compromiso de que el consumo anual de cada cliente se cubrirá con energía procedente 100% de fuentes renovables; su origen será certificado y se somete a una auditoría. Sin embargo, la campaña publicitaria 'contiene información que podría inducir a engaño en cuanto al origen de la energía, las obligaciones asumidas frente a los clientes y la energía que llega al punto de suministro'.
Se hace creer al cliente, señala la CNE, 'que existe una relación directa entre la energía generada a través de fuentes de energía renovable y la que va a adquirir la comercializadora de Iberdrola para su cliente'. Y sobre las prestaciones que promete en la publicidad ('cuando abras este sobre los árboles serán más frondosos' o 'compromiso con la naturaleza'), pueden llevar a engaño, 'no sólo por lo que dice, sino por lo que deja de decir'. Tras analizar el informe, un portavoz de la compañía asegura 'que no hay nada sancionable' y que 'el producto es compatible con la ley eléctrica'.
En el caso de Endesa, el regulador considera que 'detalla más la información sobre las características del producto, por lo que su campaña induciría menos a error que la de Iberdrola', pues el cliente llega a conocer que 'lo único que le está ofreciendo es una garantía de generación hidráulica de una cantidad equivalente de energía'. Sin embargo, considera insuficiente la información y critica la contraprestación ofrecida, la plantación de 10.000 árboles y uno más por cliente, que tiene un coste de 2,5 euros.
La Comisión es especialmente dura con Endesa e Iberdrola, que atribuyen a REE funciones públicas, al expedir los certificados del sistema RECS (asociación de eléctricas privadas europeas) En su publicidad 'se indica que la certificación es un documento oficial'.
El caso de Electra Norte 'es algo distinto', según la CNE, porque toda su energía es de fuentes renovables, por lo que no hay una tarifa verde frente a otra normal ni, por tanto, sobreprecio.
El dudoso papel de Red Eléctrica
El informe de la CNE pone el acento en el papel que está jugando Red Eléctrica, entidad encargada de certificar ante los clientes que tienen contratada la tarifa verde, que la energía que adquieren procede de energías renovables. Según la CNE, esta actuación sí 'debe analizarse al amparo de la normativa eléctrica', pues REE es una empresa regulada que 'no tiene atribuida una función certificadora'. Además, según la CNE, recibe unos ingresos por esta actividad 'que podrían suponer una infracción de carácter administrativo'.