El Gobierno libera a Indra de las cortapisas de la 'acción de oro'
Mañana caduca la acción de oro que el Gobierno ha tenido en Indra desde que esta fórmula de control fue establecida en 1999 tras su completa privatización. La empresa gana libertad para su actividad de defensa, pero cree que otras leyes la mantienen sometida al control del ejecutivo.
La compañía de servicios electrónicos, Indra, culmina mañana su proceso de privatización al caducar la acción de oro que mantenía el Gobierno desde 1999. Esta sistema de control ha otorgado al Ejecutivo capacidad de veto sobre un amplio abanico de decisiones que afectan a actividades estratégicas de la compañía y a los movimientos en su capital.
El Ejecutivo estableció en 1999 un plazo de vigor de cinco años para la acción de oro, pero además se reservó la posibilidad de prorrogar dos años más los blindajes; esto es, hasta el 23 de marzo de 2006. El Gobierno ha dejado expirar el plazo de una medida que, además, había quedado algo descafeinada tras la reforma acometida en la ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 2004
Fuentes de Indra han señalado que la compañía no está preocupada en absoluto por el tema ya que entienden que la forma de actuar de la dirección no variará en el futuro por dos razones fundamentales. La primera que existen leyes en vigor sobre regulación de las inversiones extrajeras que obligan a someterse a los controles del Gobierno cuando afectan a sectores estratégicos como la defensa. La segunda que, en una actividad como el suministro de servicios militares en el que el principal comprador es el Estado no se pueden tomar decisiones que vayan contra el interés del cliente.
Pero lo cierto es que el final de la acción de oro deja un mayor margen de maniobra a Indra hasta el punto de que hasta ahora no podía desprenderse de sus actividades de defensa sin autorización gubernamental ni siquiera en el caso de que el comprador fuera español.
La de Indra era una acción de oro especial, pues afectaba básicamente a sus actividades en el negocio de defensa. Tras la última reforma seguía afectando a 'los activos estratégicos o a la parte de los mismos, cualquiera que sea su naturaleza, asignados a actividades, productos, programas o servicios relacionados con la defensa nacional y aunque los mismos puedan ser utilizados también para usos distintos de los de la propia defensa nacional'.
Indra, por ejemplo, no tenía libertad para suprimir de su objeto social la prestación de servicios de defensa nacional ni para vender (total ni parcialmente) los activos materiales o inmateriales del área de defensa. La acción de oro también limitaba la toma de una participación -no meramente financiera- superior al 10% en el capital. Caja Madrid, con un 10,5%, es el primer accionista de Indra.
Una medida vigente en otras empresas cotizadas
Las acciones de oro de Tabacalera y Argentaria se extinguieron con motivo de sus fusiones con Seita y el BBV. Esta es la primera vez que se cumple el plazo de una de las seis acciones de oro que el Gobierno del PP se reservó en otras tantas empresas privatizadas: Repsol YPF, Iberia, Telefónica y su filial de móviles, Endesa y la propia Indra. Las de Indra e Iberia se diseñaron como prorrogables y la novedad del caso genera dudas interpretativas. La primera que expresan los expertos se refiere a cuál es la instancia que podría decidir la prórroga, aunque se inclinan a pensar que es una decisión que debe tomar el Consejo de Ministros. La segunda se refiere a la interpretación del silencio administrativo. Los expertos consideran que si el Ejecutivo no ha adoptado ninguna resolución a la fecha de caducidad de la acción de oro, esta debe darse por extinguida.