Falta espíritu empresarial
Mucha gente sabe que la Comisión Europea ha dictaminado que Ryanair devuelva unos tres millones de euros al Aeropuerto de Charleroi-Bruselas Sur (BSCA, en sus siglas en inglés), por considerar que se trataba de una ayuda de Estado ilegal. Pero la lógica que ha llevado a esta decisión es menos conocida y merece un análisis más detallado.
Si el aeropuerto de Charleroi hubiera sido privado, el contencioso nunca se hubiese planteado. Como norma general, las empresas tienen libertad para alcanzar los acuerdos contractuales que les parezcan convenientes. El problema se planteó porque BSCE es de titularidad pública y, por consiguiente, los pagos que realiza a las empresas pueden suponer 'ayuda de Estado'. Sin embargo, los pagos realizados por un Estado sólo tienen carácter de 'ayuda' cuando se hacen en condiciones que no hubiera aceptado el sector privado. Esto es lo que se denomina 'principio del inversor privado', el cual establece que un pago con dinero público no distorsiona la competencia si la empresa beneficiaria pudiese haber obtenido las mismas condiciones en el mercado libre.
Este principio es relativamente fácil de aplicar en los casos en que un Gobierno abona importantes sumas para mantener a flote las empresas ineficaces. Cuando resulta improbable que la inyección de fondos obtenga un rendimiento económico, la pregunta de si un inversor privado hubiera realizado ese pago puede contestarse fácilmente en sentido negativo.
En el 'caso Ryanair' la CE defiende que el aeropuerto de Charleroi acertó, pero que podía haberse equivocado
Pero el caso Ryanair no responde a las características habituales de una 'ayuda de Estado'. Atañe a las condiciones de un acuerdo comercial entre Ryanair y BSCE para desarrollar el aeropuerto de Charleroi como base de la actividad de las aerolínea de bajo coste. Por este acuerdo, BSCA ofreció varios incentivos a Ryanair: descuentos en las tasas aeroportuarias, apoyo financiero a la formación del personal para la apertura de nuevas rutas, así como a las campañas publicitarias para promocionar esos destinos.
La contrapartida era que Ryanair desarrollaría el tráfico y la actividad de Charleroi. Bajo el principio del 'inversor privado', la pregunta es si una empresa privada hubiera ofrecido las mismas condiciones que el BSCA.
¿Cómo hubiera actuado una compañía privada en la misma tesitura? En 1997, BSCA era propietaria de un aeropuerto infrautilizado y depreciado. Los aeropuertos son negocios con elevados costes fijos y el factor fundamental para cubrirlos es el tráfico que atraigan. En Charleroi, las pérdidas eran continuas. Hasta que Ryanair llegó con una oferta de 'bajo coste' que prometía generar tráfico sin nuevas inyecciones de capital. A cambio, la compañía irlandesa quería descuentos en las tasas del aeropuertos y apoyo para el desarrollo y promoción de las nuevas rutas. ¿Hubiera firmado el trato un operador privado?
Adivino que la respuesta es que merecía la pena aprovechar la oportunidad; y es lo que hizo BSCA. Diseñaron un plan de negocio a 15 años en el que preveían salir de pérdidas a partir de 2004. La Comisión plantea dudas sobre la validez de este plan, pero a las gangas hay que juzgarlas por su resultado. En realidad, el plan de BSCA ha ido mucho mejor de lo previsto. El número de pasajeros ha subido de 90.000 en 1996 a 1,8 millones en 2003; los resultados han dado beneficios en 2003 (un año antes de lo esperado); y el aeropuerto está invirtiendo en una nueva terminal que completará en 2007. Seguramente, cualquier inversor privado hubiera estado encantado con este tipo de inversión.
Al decidir que Ryanair devuelva algunos de los incentivos ofrecidos por BSCA, la Comisión argumenta que el plan incluía un elevado riesgo de fracaso que ningún inversor privado hubiera asumido. Tendremos que esperar a que la Comisión se digne a publicar el texto íntegro de la decisión oficial para ver cómo ha llegado a esa conclusión; sin embargo, el riesgo de ofrecer un descuento 'por pasajero' parece mínimo desde el momento en que el beneficio por el aumento de pasajeros estaría garantizado.
Más evidente aún, sin embargo, es que como quiera que se calcule el riesgo, el resultado ha demostrado que merecía la pena asumirlo. Si ningún inversor privado hubiera estado dispuesto a correrlo, esa circunstancia no cuestiona la sensatez de la decisión de BSCA sino que revela la falta de espíritu empresarial en Europa.
La visión retrospectiva es algo fantástico. Normalmente, con la ventaja de juzgar los acontecimientos a posteriori podemos ver los errores que hemos cometido y cómo podíamos haber hecho las cosas mejor. Es un planteamiento relativamente nuevo que la Comisión defienda ahora, con visión retrospectiva, que BSCA acertó, pero que podía haberse equivocado. Como no ha sido así, se les impone a posteriori la equivocación.