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Una Jueza anula los concursos de privatización

Una jueza de Valencia anuló ayer los concursos de privatización de la gestión de Canal 9, la televisión pública valenciana, porque vulneran la ley que regula las televisiones autonómicas. Los concursos, valorados en 133 millones de euros, no habían sido adjudicados.

Los concursos de privatización de Canal 9 son ilegales, tal como sostenían los partidos de la oposición en Valencia y los sindicatos, que recurrieron los expedientes. La primera resolución judicial -al recurso de UGT- afirma que, de acuerdo con la Ley Reguladora del Tercer Canal de Televisión, la gestión de las televisiones autonómicas 'no podrá ser transferida bajo ninguna forma total o parcialmente a terceros'.

Los concursos fueron convocados el 26 de marzo de 2003, en plena precampaña electoral de las autonómicas y municipales, por un importe global de 133 millones de euros en cuatro años. Las bases establecían que serían adjudicados antes del 5 de junio, pero el nuevo Gobierno valenciano presidido por Francisco Camps los paralizó, lo que se interpretó como un episodio más de la lucha de poder entre Camps y el presidente del PP regional Eduardo Zaplana. Ocho meses después de la fecha prevista, los concursos no se habían adjudicado.

De los tres pliegos, el más importante era el de programación para 1.884 horas anuales, con un presupuesto de 121,8 millones hasta 2008. A él se presentaron sendos grupos liderados por Mediapro y ZZJ, además de Producciones 52, productora de Tómbola; Canal Mundo, del grupo editorial de El Mundo; Pretesa-Cadena SER (Grupo Prisa), y Plataforma Audiovisual Valenciana (PAV), formada por 34 productoras locales y liderada por un periodista afín a Zaplana.

Al concurso de suministro de noticias y producción de programas informativos, valorado en siete millones hasta 2008, se presentaron Atlas, Pretesa, El Mundo Producciones y PAV. Y para la gestión de la publicidad -a comisión, con un mínimo de cuatro millones-, ofertaron Novomedia (grupo Recoletos), Mediapro, Unedisa (El Mundo), Árbol Media (grupo Vocento) y Publi 9 Exclusivas.

El director general de Radiotelevisión Valenciana, José Vicente Villaescusa, dijo ayer que recurrirá la sentencia, aunque la decisión corresponde al consejo de administración del ente.

Piqué intentó introducir la gestión privada

El único intento serio de cambiar la norma actual que regula las televisiones autonómicas vino de la mano del ex ministro de Ciencia y Tecnología. Josep Piqué elaboró una ley audiovisual que abría la puerta a la gestión privada de la televisión pública. En concreto, la norma establecía que 'el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales podrán atribuir a entidades de derecho privado la gestión indirecta de los servicios públicos de radio y televisión'.

La norma no vio la luz porque en el Gobierno había dos posturas enfrentadas. Cambiar la regulación de las televisiones públicas hubiera sido una verdadera revolución con consecuencias imposibles de medir.