La CEOE exige que el Estado asuma el coste de Kioto

La práctica totalidad de las empresas de los cinco sectores afectados por la directiva sobre el comercio de emisiones de CO2 ha dejado claro que los objetivos de esta norma son claramente incompatibles con el crecimiento económico y, sólo si reciben derechos de emisión sin coste, se podrán cumplir. Un informe de la CEOE dirigido al Gobierno el pasado seis de octubre, y cuyas tesis siguen vigentes, hacía la siguiente recomendación ante la elaboración del Plan Nacional de Asignación: 'El objetivo debe ser realizar una asignación suficiente y gratuita de derechos a las instalaciones afectadas (..) en todos los periodos de aplicación de la directiva'.

Para conseguirlo, la patronal de las grandes empresas pide que se aprovechen todas las posibilidades que ofrece la directiva. Entre otras, la compra de derechos por parte del Estado; el aprovechamiento de los créditos para proyectos de desarrollo limpio o el de los márgenes de reducción en sectores no incluidos en la directiva sobre comercio de emisiones. æpermil;sta afecta a cinco sectores que podrán comprar y vender derechos, pero la obligación de reducir afecta también al transporte y al consumo doméstico que representan el 45% del total de emisiones.

Sigue el cisma eléctrico

Pese a las posiciones enfrentadas entre las dos grandes compañías eléctricas, el informe elaborado en octubre por la Comisión de Medio Ambiente de la CEOE y ratificado por el Comité de Dirección y la Junta General, fue suscrito entonces por la patronal Unesa. Poco después, Iberdrola, que sostiene que el sector eléctrico puede cumplir los objetivos de Kioto, se enfrentó a Endesa y al resto de las eléctricas, que los consideran impracticables en sus estrictos términos.

Hay quien asegura que Iberdrola mantuvo una política de consenso sobre Kioto hasta que el Gobierno dio vía libre definitiva a la titulización del déficit de tarifa de pasados ejercicios. Un frente común que mantuvo con sus competidoras y que rompió tras el permiso para titulizar un déficit de 1.500 millones que el Gobierno les había reconocido en diciembre de 2002. Sin embargo, en el grupo que dirige Ignacio Sánchez Galán, no comparten ahora las tesis de CEOE.

Las eléctricas no han conseguido limar sus posiciones. De hecho, a las reuniones que la CEOE y Economía mantienen estos días con las patronales de los sectores afectados, los responsables de Unesa no acudirán solos, sino acompañados por directivos de las compañías.

La dureza del informe de CEOE contrasta con otros que ha publicado con posterioridad. 'Es más contundente porque el destinatario es el Gobierno', asegura un responsable de la patronal. En él se calcula que la compra de los créditos o derechos necesarios (entre 100 y 120 millones de toneladas de C02 entre 2008 y 2012) puede suponer entre el 0,5% y el 0,6% del PIB, teniendo en cuenta la incertidumbre que pesa sobre el precio.

Atentos a

Las eléctricas mantienen su división ante la aplicación de la directiva de Kioto y sus responsables, a diferencia del resto de los sectores que son representados por sus patronales, acudirán a las reuniones con Economía y la CEOE acompañando a Unesa.

Novedosa modalidad de subvención

El Gobierno español 'deberá encontrar una solución al aumento de emisiones de CO2 que se deriva del mayor desarrollo económico del país por su proceso de convergencia frente a la UE'. El informe en el que la CEOE expone su 'posición' oficial sobre la directiva de comercio de emisiones y el Plan Nacional de Asignación recomienda seguir la iniciativa de algunos países, como Reino Unido u Holanda, 'en los que el Gobierno está asumiendo la compra de derechos' para asegurar la actividad de sus empresas.El compromiso que mantiene España supone, según la patronal, 'un objetivo poco realista', pues el mix energético español es muy dependiente del carbón, mientras que la energía nuclear y la hidráulica sólo es del 45%, frente al 90% en países como Francia y Suecia.En el informe elaborado en octubre se pedía al Gobierno que 'iniciara los trabajos oportunos' para cuantificar las necesidades de derechos de emisión. Desde el jueves pasado, y hasta el 3 de febrero, Economía y la CEOE están recogiendo la información y las opiniones de los sectores afectados, a través de reuniones diarias, tras las cuales la cúpula de la patronal y Economía harán balance.

Las peticiones de las afectadas

Asignación gratuita de la totalidad de los derechos de emisión en todos los periodos de aplicación de la directiva.Que se puedan sustituir los derechos que sobren en un periodo por otros en el siguiente periodo.Un plan único de asignación para todo el Estado.Se debe evitar la doble presión sobre empresas afectadas por otras exigencias medioambientales.Fomentar la agrupación de instalaciones con la misma actividad y firmar con ellas convenios específicos.