Normativa

El BBVA instaura un código ético para directivos y empleados

El BBVA ha dado luz verde a la puesta en marcha de un código de conducta de obligado cumplimiento para los casi 90.000 empleados y directivos de la entidad, cuyo funcionamiento será controlado por un órgano de nueva creación, el Comité de Gestión de la Integridad Corporativa, según ha informado el banco en conferencia de prensa. Saltarse las normas, será sancionado de manera pública en función del impacto social de la infracción.

Se trata de un conjunto de normas que no son nuevas, porque ya se aplicaban, pero cuya integración en un código constituye un "ejercicio de responsabilidad, ya que permite a terceros enjuiciar la actividad de la entidad", tal y como ha explicado el director de cumplimiento normativo del BBVA en España, Orlando García.

El respeto a la dignidad de la persona y derechos de la persona, el cumplimiento estricto de la legalidad, el respeto a la igualdad y la objetividad profesional son los cuatro pilares en los que, según García, descansa la normativa. Como puntos clave de un código que constituye "un compromiso con una forma de hacer las cosas", García habla de valores éticos e integridad en las relaciones de todo tipo que mantiene la entidad.

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La novedad principal, según García, radica en el apartado de integridad corporativa. Siguiendo la nueva normativa, cualquier empleado o directivo de la entidad que tenga conocimiento de un comportamiento irregular está obligado a comunicarlo a los órganos directivos correspondientes, con la garantía de conservar su anonimato.

El nuevo órgano destinado a controlar y supervisar el correcto cumplimiento del código, el comité de gestión de integridad corporativa, lo integran en España el director de asuntos legales del BBVA, Eduardo Arbizu; el director de auditoría interna en España, José Luis de los Santos, y el responsable de Recursos Humanos, Angel Cano, además del mismo García.

Mejorar la técnica

El BBVA prevé mejorar sus herramientas técnicas e informáticas a lo largo de los dos próximos años, para lo que invertirá entre 4 y 7 millones de euros, con el fin de prevenir la financiación de actividades terroristas o el blanqueo de dinero, según ha asegurado Orlando García.