Bruselas exige a los Quince que no penalicen la repatriación de dividendos
La Comisión Europea amenazó ayer a 15 Gobiernos, entre ellos el español, con denunciarles ante el Tribunal de la UE si no ponen fin a la discriminación fiscal que penaliza los dividendos obtenidos en el extranjero.
Según la Comisión, por cada 100 euros de dividendo que el inversor español obtiene de su participación en el capital de una empresa nacional, el fisco se queda 33. Pero, si el mismo dividendo se repatría tras una inversión en el extranjero, el contribuyente sólo percibe, después de los impuestos, 52 euros. Es decir, 15 euros más de impuesto.
Hacienda, no obstante, explica que un dividendo de una empresa española se integra en el 140% de la base imponible y, después, se deduce de la cuota final el 40% del dividendo. Un dividendo extranjero se introduce en la declaración de la renta al 100% y después se deduce lo que el contribuyente ha pagado en el extranjero. 'Hay un distinto tratamiento fiscal, pero no hay discriminación', explica Hacienda, 'en los últimos años hemos trabajado en reducir cualquier discriminación sobre el tratamiento de los dividendos, y se han firmado convenios bilaterales con todos los países de la UE que lo evitan'.
El Departamento de Mercado Interior de la Comisión Europea advirtió ayer que abrirá expediente contra 15 países de la UE (incluidos seis futuros miembros) si no modifican urgentemente este tipo de legislaciones.
Para Bruselas se trata de una flagrante violación de la libertad de movimiento de capital. Pero, sobre todo, constituye un obstáculo para la integración de los mercados financieros europeos y para la consecución de una liquidez y rendimientos similares a los de EE UU. 'Nuestros mercados de capital están más integrados que hace cinco años, pero falta mucho por hacer en los servicios financieros al por menor', afirmó ayer en el Parlamento Europeo el comisario de Mercado Interior, Frits Bolkestein.
La discriminación fiscal se había justificado hasta ahora como método para evitar el fraude, como represalia por competencia desleal o por el temor a que mermaran las arcas públicas. 'El Tribunal de Justicia de la UE ha rechazado todas las justificaciones', indica la Comisión.