EDITORIAL

El modelo Alzira puede mejorar

La Generalitat Valenciana ha sido pionera en la cesión a una empresa privada de la construcción y explotación temporal de un hospital público. Un experimento de enorme trascendencia por lo que tiene de referente para otras comunidades autónomas, forzadas a buscar cada día una mayor eficiencia en la gestión de los servicios públicos que les son transferidos. Como todo ejercicio pionero, la cesión a la empresa Adeslas del hospital de Alzira tenía muchas posibilidades de error. Y puso nerviosos a muchos, que veían en este plan un primer paso hacia la privatización salvaje de la sanidad.

La experiencia de estos años ha demostrado que, efectivamente, se cometieron errores. Pero no del tipo y el alcance que temían los más feroces detractores. La calidad del servicio ofrecido por Adeslas cubre sobradamente los mínimos que pueden exigirse a un servicio de titularidad pública. Con lo cual no se cumple el peor de los temores, que era la degradación del servicio en aras de la optimización del beneficio.

Donde sí parece que se cometió un error es en los cálculos del coste que tendría la prestación de estos servicios. Una falta de precisión que derivó en pérdidas para la compañía y que la Generalitat intentó corregir rescatando la concesión y otorgándola de nuevo a Adeslas en condiciones mejoradas. Hasta aquí, todo entra dentro de lo razonable. Siempre y cuando se explique bien.

Lo que no parece de recibo es la manera en que la Generalitat ha hurtado a los contribuyentes una explicación serena y transparente sobre aspectos clave del proceso. A saber: por qué se erró en los cálculos, cuáles son realmente las ratios de eficiencia y calidad del hospital de Alzira en comparación con otros hospitales públicos, cuál era en realidad el precio del rescate de la concesión y a qué corresponde el último pago a la compañía.

Precisamente porque el experimento es interesante y puede resultar válido, merecía una gestión más transparente por parte de las autoridades valencianas.