Una Hacienda para los clientes

La nueva Ley General Tributaria, que está a punto de culminar con el trámite parlamentario el largo maratón iniciado en el año 2000, con la presentación de los primeros informes sobre la reforma, sigue sin convencer plenamente a los expertos fiscalistas. A quienes, en definitiva, tienen que aplicarla para gestionar los intereses de los contribuyentes. La Administración Tributaria cree, lógicamente, que la norma debe potenciar y defender los intereses de la Hacienda pública, y parece evidente la existencia de diferencias de apreciación. Aunque se habían producido algunos reajustes normativos en los últimos años, esta reforma resuelve por fin infinidad de problemas y pone al día una legislación preconstitucional, que databa de hace 40 años y trataba a los contribuyentes como súbditos. El sistema fiscal y la Hacienda de hoy no tienen nada que ver con los de la autarquía franquista.

La mayoría de los despachos fiscalistas más prestigiosos, sin embargo, siguen detectando lagunas importantes en la norma, y piden que se corrijan antes de que salga del Parlamento. Entienden que existe mucha casuística en la que el contribuyente retrocede en sus derechos, especialmente en materia de inspección, pese a que cabe la posibilidad de liquidar los litigios mediante pacto con Hacienda. Denuncian también la dudosa legalidad del tratamiento dado al régimen fiscal de las empresas que operan con subcontratas, sin descartar incluso su inconstitucionalidad.

Hacienda debe hacer un esfuerzo para incorporar las sugerencias constructivas. Y lograr una ley que ate en corto los comportamientos elusivos, pero que también facilite la relación como cliente de quien cumple religiosamente con sus obligaciones fiscales.