Bruselas exige por escrito al Gobierno la modificación del aval a RTVE
La Comisión Europea ha reclamado hoy a España que reforme el mecanismo de garantía financiera que el Estado presta al Grupo Radiotelevisión Española (RTVE), porque considera que vulnera la normativa europea sobre ayudas de Estado, explica un comunicado.
En una "conclusión preliminar", los servicios de competencia de la Comisión han detectado que este aval público "ilimitado" supera los costes netos de la prestación del servicio público por parte del Ente. Por ello, han enviado una carta al Gobierno exigiendo una adaptación conforme a lo establecido en la Comunicación sobre Radiodifusión y la Directiva sobre Transparencia.
Esta norma obliga a establecer a que la sociedad afectada distinga nítidamente, ya sea en su contabilidad o en su estructura, entre las actividades que realiza como servicio público y las que tienen carácter comercial.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se apresuró a asegurar que el Gobierno está trabajando para clarificar el futuro económico de RTVE que, dijo, "tiene que modificarse en la próxima legislatura porque nadie está conforme con el estado actual porque no es viable de cara al futuro". Asimimo, se mostró confiando en que las iniciativas de la Comisión "sean coincidentes con el programa que está desarrollando la SEPI.
Medidas de Monti
En cambio, el comisario europeo de Competencia, Mario Monti, no ha puesto objeciones a las subvenciones directas que el Estado transfiere a RTVE, al considerar que sí compensan la prestación del servicio público, sin sobrepasar su coste. Bruselas no podrá exigir el reembolso del beneficio financiero que supone el aval, ya que se trata de una medida adoptada legalmente antes de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, en 1986.
RTVE recurrirá en 2004 nuevamente al endeudamiento para cuadrar sus cuentas, con unas pérdidas previstas de 623 millones, que elevarán la deuda hasta los 6.600 millones.
La RAI y la RTP, compatibles con el mercado común
El pleno del Ejecutivo comunitario abordó asimismo los casos de la radiotelevisión italiana RAI y de la portuguesa RTP. Sobre la primera, concluyó que el canon de licencia y las ayudas ad hoc que le otorgó el Estado entre 1992 y 1995, no excedieron el coste neto del servicio público. No obstante, la Comisión pidió a Roma que introduzca una separación contable o estructural de las actividades de la RAI. En la misma línea, Bruselas concluyó que las ayudas investigadas a la RTP, denunciadas por su rival SIC, son compatibles con el mercado común.